El expresidente del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y exrector de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), Orlando Velásquez Benites, enfrenta una nueva audiencia judicial en el marco del proceso que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo y pasivo específico, y tráfico de influencias agravado, todos en agravio del Estado.
Durante la sesión desarrollada el miércoles 15 de octubre de 2025, ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, la defensa de Velásquez solicitó el cese de la medida de comparecencia con restricciones que pesa sobre él desde el año 2018, alegando vencimiento del plazo legal conforme a la reciente Ley N.º 32130, que limita la duración de estas medidas a un máximo de 36 meses para casos de criminalidad organizada.
La defensa invoca la nueva ley
La abogada Melisa Cristel Rodríguez Hamann, defensora de Velásquez, sustentó que la medida restrictiva, vigente desde el 7 de noviembre de 2018, ha superado el límite temporal de seis años y once meses.
“Esta situación constituye una vulneración al debido proceso, al plazo razonable y al principio de legalidad. La Ley 32130, promulgada el 10 de octubre de 2024, establece que las comparecencias con restricciones no pueden superar los plazos de la prisión preventiva —es decir, 36 meses—, incluso en casos de organización criminal”, argumentó la defensa.
La abogada precisó que su patrocinado ha cumplido rigurosamente con las reglas de conducta impuestas, firmando mensualmente en Lima y reportando sus actividades, pese a residir en Trujillo. Añadió que la medida, originalmente de carácter “indefinido”, debe cesar por haber perdido sustento legal y procesal.
En representación de la Fiscalía, Alejandra Cárdenas, fiscal adjunta suprema provisional de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, coincidió en que el plazo ha vencido, pero pidió al juez que declare la caducidad de la medida y no su cese formal.
“El plazo se ha sobrepasado, pero lo que corresponde no es el cese por solicitud de parte, sino declarar la caducidad de oficio, conforme al artículo 287 modificado por la ley 32130. La Corte Suprema ya ha fijado criterio en ese sentido”, explicó la fiscal.
Cárdenas recordó que, antes de la modificación legal, la comparecencia con restricciones no tenía un límite temporal y se extendía hasta la expedición de la sentencia definitiva. Sin embargo, el nuevo marco legal obliga a establecer un plazo máximo, lo que impacta directamente en este proceso.
El juez Chico Isorio, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, escuchó a ambas partes y anunció que la decisión será notificada mediante resolución escrita.
“Habiendo escuchado los argumentos de la defensa y la posición del Ministerio Público, el juzgado evaluará si corresponde declarar el cese o la caducidad de la medida restrictiva conforme al nuevo marco legal. La resolución será notificada a las partes”, expresó el magistrado antes de concluir la audiencia a las 10:56 a. m.
Orlando Velásquez Benites fue uno de los miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) implicados en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, una red criminal integrada por exjueces, fiscales y altos funcionarios que presuntamente manipulaban nombramientos, ratificaciones y sanciones en el sistema judicial a cambio de favores y sobornos.
Entre los principales investigados figuran el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry Vallejos, el exfiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, el exjuez del Callao Walter Ríos Montalvo, y el exmiembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Rodríguez Monteza, entre otros.
Velásquez fue sindicado de mantener vínculos con magistrados investigados, presuntamente interviniendo en decisiones del CNM que beneficiaron a altos funcionarios cuestionados por corrupción y abuso de poder.
