La inseguridad en La Libertad no solo se refleja en las extorsiones y homicidios, sino también en el preocupante número de armas de fuego que circulan ilegalmente en la región. Según la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), al menos 2,800 personas poseen armas sin licencia vigente en el departamento, incurriendo en un delito penal.
Estas personas ya están siendo notificadas por las autoridades para que regularicen su situación, o de lo contrario, podrían enfrentar procesos judiciales y la incautación del armamento. El coronel en retiro Raúl Artica, jefe zonal de Sucamec, explicó que esta situación representa un riesgo para la seguridad ciudadana, ya que muchas de estas armas podrían terminar en manos del crimen organizado.
En un trabajo conjunto con la Policía Nacional, la Sucamec ya ha logrado incautar entre enero y abril cerca de 350 armas de fuego, 200 de ellas por operativos policiales y otras 150 por faltas administrativas detectadas en inspecciones. La mayoría de las incautaciones están relacionadas con licencias vencidas, irregularidades en la portación o el uso indebido de armamento.
“No contar con una licencia vigente es un delito. El portador de un arma sin autorización no solo se expone a una incautación, sino también a una denuncia penal”, advirtió Artica.
En La Libertad, existen 452 empresas de seguridad formalmente registradas ante Sucamec, que cumplen con la normativa para la portación y uso de armas.
Sin embargo, aunque cada mes 300 personas solicitan una licencia para portar armas, apenas 85 logran superar las exigentes evaluaciones, que incluyen pruebas psicológicas, de conocimiento y manejo seguro del arma, así como la verificación de antecedentes penales.
Frente a este panorama, Sucamec ha propuesto modificaciones a los artículos 19 y 21 de la Ley 30299, para limitar el número de armas y municiones que puede adquirir una sola persona.
Actualmente, un usuario puede comprar hasta 600 municiones al mes, lo que representa un posible riesgo de desvío al mercado ilegal. Con las nuevas disposiciones, se busca establecer un límite más razonable que garantice la seguridad y reduzca las posibilidades de tráfico ilícito.
“El exceso en la compra de municiones podría facilitar que estas terminen en manos criminales. Por eso proponemos establecer topes más bajos y justificados”, señaló Artica.
