Tensión es lo que se respira en la sierra de La Libertad con el conflicto generado por los mineros artesanales que han bloqueado la carretera que une Trujillo con las provincias andinas de esta recién, especialmente en el sector Cerro Blanco, donde se da la presencia de la mayor cantidad de manifestantes.
Su principal demanda es que el gobierno amplíe el plazo para el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), proceso clave para que puedan regularizar sus actividades. La protesta, que lleva ya ocho días, incluye medidas como ollas comunes, símbolo de la resistencia y organización de los manifestantes, quienes buscan visibilizar su reclamo.
Carlos Rodríguez, prefecto regional de La Libertad, informó que los bloqueos también se registran en puntos estratégicos como Shorey y Quiruvilca, donde cientos de mineros artesanales impiden el libre tránsito. Según Rodríguez, tras un diálogo con los manifestantes, se logró un acuerdo parcial que permite habilitar el pase vehicular cada cuatro horas para emergencias, como docentes y transporte de productos esenciales, evitando así un impacto mayor en la población.
El prefecto calificó la situación como “lamentable” y expresó su preocupación por las repercusiones del conflicto, tanto en la economía local como en la seguridad de los ciudadanos. Durante su participación en el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, Rodríguez señaló que es urgente evitar el desabastecimiento de alimentos y bienes de primera necesidad en las comunidades afectadas, así como garantizar que las tensiones no escalen a mayores enfrentamientos.
A pesar del compromiso temporal de permitir el paso intermitente, los manifestantes han dejado claro que continuarán con los bloqueos hasta que sus demandas sean atendidas.
El prefecto instó al Gobierno central a intervenir de manera oportuna y priorizar el diálogo con los mineros para evitar la prolongación del conflicto. Según Rodríguez, “la ampliación del REINFO es un tema fundamental para los mineros artesanales, quienes dependen de esta formalización para trabajar de manera regulada y sin persecución.”
La huelga, además de bloquear carreteras, refleja la persistente tensión entre las comunidades mineras y las autoridades. Los mineros argumentan que sin la ampliación del REINFO se ven obligados a operar en la informalidad, lo que los expone a problemas legales y los aleja de los beneficios de una actividad regulada. Por su parte, el Gobierno enfrenta el desafío de equilibrar las demandas de los mineros con el control de actividades ilegales en zonas donde la minería informal ha generado conflictos sociales y ambientales.
