La provincia de Pataz, en la sierra de La Libertad, es conocida por su riqueza mineral, un lugar donde el oro brilla en medio de la precariedad, la anarquía y el peligro. Sin embargo, el precio de ese brillo es elevado, un precio que se mide en vidas y en la corrupción que corroe el sistema. Esta semana, reporteros de la Unidad de Investigación de Causa Justa lograron un testimonio exclusivo, de alguien que, en sus propias palabras, estuvo en la mismísima boca del lobo, en los socavones donde la vida pierde valor y el oro se convierte en el único objetivo.
TARIFAS QUE BRILLAN
Nuestra fuente, quien pidió permanecer en el anonimato por su seguridad, se ha movido entre los circuitos de la minería ilegal en Pataz, un sector donde el oro vale más que cualquier cosa.
Durante años, nuestro testigo trabajó en la minería ilegal, desde la extracción hasta la venta en el mercado negro. Los nombres y detalles específicos que reveló, respaldados por documentos y pruebas visuales, muestran una realidad alarmante y que iremos revelando poco a poco: policías, empresas de transporte y personas de influencia local comprometidos en el negocio como los mineros ilegales mismos.
Describe cómo algunos policías se han convertido en cómplices silenciosos del crimen o, mejor dicho, parte de esto. “Los policías que están trabajando en la sierra de La Libertad, en Pataz, se están haciendo ricos. Por dejar que pasen las cargas de dinamita, cobran; y para que saques el mineral en camiones también”, comenta.
Según su relato, las tarifas oscilan entre los 10,000 y los 50,000 soles. «Te toman fotos cargando tu mineral en Pueblo Nuevo, pero como la guía de transporte y el Reinfo están en otro lugar, digamos en Zarumilla. Entonces, cuando los tombos te chapan, te detienen, te muestran las fotos para decirte que cargaste en un lugar distinto al autorizado y te extorsionan. Te cobran de entre 10, 20 mil hasta 50 mil lucas», explica.
MILLONADAS. Mineros ilegales mueven grandes cantidades de dineros para comprarlo todo.
La operación es sistemática. “Si no les das nada, lo que te incautan no lo llevan a la comisaría, ni siquiera registran el operativo. En vez de eso, se quedan con el mineral, lo venden ellos mismos y el dinero termina en sus bolsillos”, cuenta el testigo. Este modus operandi permite que la minería ilegal se sostenga y crezca, mientras que el control de la ley queda como una apariencia vacía.
REMESAS SOSPECHOSAS
Desde las entrañas de esta actividad ilegal, el testigo asegura que el dinero extraído de la extorsión y el soborno no queda en manos de los malos policías, sino que sigue una ruta oculta que lo lleva a Trujillo, donde se multiplica y se disfraza en negocios legales. “El dinero que chapan los tombos no se lo quedan ni lo dejan ahí. Lo mandan en remesas, a través de empresas de giros en Trujillo, en el jirón Gamarra, que también tienen locales en Pataz. Son tres empresas que funcionan allí y que nadie las supervisa, y allí es donde lavan el billete,” comenta, dando una visión de cómo el flujo de dinero pasa desapercibido por los controles del Estado.
Según el testigo, tres empresas de envío de dinero funcionan sin la supervisión necesaria en el jirón Gamarra de Trujillo y en las localidades de Pataz. A través de ellas, el dinero obtenido por la venta de mineral, sobornos y el contrabando de dinamita viaja en forma de giros para luego ser cobrado en Trujillo. Estas empresas, no reguladas, permiten el movimiento de grandes cantidades de efectivo, a veces hasta 200,000 soles en una sola transacción. “Estos giros no solo son de los policías, sino de todos los que están en el negocio. Nadie las investiga, pero si las intervinieran, se llevarían una sorpresa, hay giros de hasta 200 mil soles,” advierte el testigo.
ARMADOS. Criminales ingresan armados a socavones para robar mineral.
La estrategia para ocultar estos movimientos también incluye el uso de intermediarios. Las transacciones se realizan en nombre de terceros, para que familiares, principalmente esposas o hermanos de los policías y mineros, recojan el dinero en Trujillo. “El dinero de la minería ilegal no se queda bajo el colchón. Se invierte en casas, autos, empresas y hasta discotecas. Algunos policías han creado empresas de seguridad con ese dinero. Es un negocio redondo. A los tombos, a los tíos, los debe investigar lavado de activos”,” menciona.
OTRAS TARIFAS
Según el testigo, una fuente con conocimiento interno de las operaciones, el dinero que fluye en esta red proviene también de actividades paralelas, que incluyen el tráfico de armas y la extorsión de ciudadanos comunes.
El testigo revela que, si una persona es capturada con un arma en su poder, el sistema de sobornos para su liberación se activa de inmediato. “Si capturan a alguien con una pistola, el precio de su libertad son cinco mil soles; pero si es con un fusil, entonces el monto sube a veinte mil soles,” asegura. Este sistema convierte cada detención en una oportunidad de negocio para algunos agentes, quienes en lugar de incautar las armas y llevar al detenido ante la justicia, optan por exigir sobornos. En caso de que los implicados no puedan o no quieran pagar, el testigo afirma que “las mismas armas son vendidas”, regresando al mercado negro y perpetuando la violencia en la región.
LOGÍSTICA. Mineros cuenta con todo para operar y seguir operando en Pataz.
Además de estas extorsiones, el testigo describe un esquema de cobros ilegales en los controles vehiculares de la zona. Menciona un puesto específico en Hualanga, cerca de Yanazara, donde, según su testimonio, cada vehículo que pasa debe pagar cinco soles para evitar ser sometido a un control riguroso. “Este peaje clandestino no solo permite el paso de vehículos comunes, sino que facilita el tránsito de aquellos involucrados en actividades ilegales, ya sea de transporte de mineral o de otros bienes no declarados,” añade.
LA GARRA DEL GATO
El testigo asegura que la corrupción en el sector minero ilegal de Pataz ha encontrado formas de operar mediante redes de protección ofrecidas por ciertos miembros de la policía, quienes trabajan directamente para figuras clave de la minería ilegal, como lo hacían con el minero ilegal apodado “Gato Cote”. Este “empresario” de la minería informal, describe, habría tejido una red de influencias dentro de la policía local, y hasta entre oficiales y suboficiales, asegurando que la competencia en sus territorios de extracción fuera neutralizada.
Según el testimonio, la intervención de un equipo policial que depende directamente de Lima tuvo como objetivo acabar con las operaciones del Gato Cote en Pataz. Sin embargo, policías locales supuestamente alineados con el minero intervinieron de inmediato a otros operadores mineros ilegales que competían en la misma zona. «Así funciona la cosa,» afirma el testigo, “hay tombos que trabajan para ciertos mineros ilegales. Y no solo para Gato Cote; hay otro apodado El Cuchillo, que hasta ahora es intocable. Yo mismo he visto a oficiales venir a recoger su parte, y cuando no hay trato, ellos mismos amenazan o entregan a los que no les conviene al enemigo”, explica.
El entrevistado asegura que estos pagos mensuales, conocidos como “fajos”, oscilan entre los 5,000 y 15,000 soles y se distribuyen entre varios efectivos que operan en diferentes zonas. La gran mayoría de estos “fajos” son entregados en efectivo a oficiales, pero también hay transferencias a través de intermediarios para evitar el rastro directo. En algunos casos, la propia Policía de la zona se encarga de proteger la salida de camiones cargados de oro ilegal, con rutas y horarios específicos donde se asegura el “paso seguro” para la mercadería. “Investiguen qué bienes, sus cuentas, no solo de ellos, sino de sus familiares y verán que encontrarán sorpresas”, señala.
MAÑANA: ¿CÓMO OPERABAN Y PARA QUIÉNES TRABAJABAN “LOS BUITRES”?
