El Sindicato Único de Trabajadores de Sedalib (SUTESALIB) anunció rechazan a lo que consideran una intención de privatización de la empresa y la designación irregular de Frank Eduardo Sánchez Romero como director representante de la sociedad civil.
A través de un comunicado oficial, el sindicato denunció que el proceso para la designación de Sánchez Romero estuvo «marcado por irregularidades y falta de transparencia». Aseguran que desde el inicio advirtieron que el proceso estaba direccionado a favor del mencionado abogado, a quien vinculan directamente con el partido Alianza para el Progreso (APP), pues actualmente ocupa un cargo de confianza en el Gobierno Regional de La Libertad.
Según el sindicato, profesionales con mejor perfil y sin antecedentes negativos fueron excluidos de manera fraudulenta, como en el caso del ingeniero Héctor Chávarry, quien pese a quedar en primer lugar fue descalificado bajo criterios que –aseguran– no estaban establecidos en las bases del concurso.
También recordaron que Frank Sánchez trabajó anteriormente en Sedalib como subgerente de Asesoría Jurídica y luego como gerente de Desarrollo Empresarial, siendo cesado en 2022 por presunta incapacidad funcional, la cual, afirman, quedó en evidencia durante una presentación ante el directorio de la empresa.
Además, criticaron que en la primera sesión en la que participó Sánchez Romero, junto al representante del Gobierno Regional, Ricardo Delgado Arana, ambos habrían intentado tomar el control del directorio “al asalto”, mostrando desconocimiento de las normas internas de la empresa.
El sindicato denunció también que Delgado Arana irrumpió en una asamblea del sindicato el pasado 21 de marzo, y al ser consultado sobre el proceso de privatización, habría afirmado que no tenía conocimiento del mismo. Para SUTESALIB, estas maniobras evidencian un intento de copamiento político con miras a privatizar Sedalib, algo que atribuyen al alcalde provincial Mario Reyna Rodríguez. Recordaron que en 2012, cuando Reyna era presidente del directorio, ya habría intentado llevar adelante una iniciativa similar.
Finalmente, el sindicato exige la anulación del proceso de selección del nuevo director y que se garantice una nueva convocatoria bajo criterios técnicos, meritocráticos y con la supervisión de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). Asimismo, solicitaron que el Ministerio de Vivienda intervenga y se sancione a los responsables de lo que califican como una designación fraudulenta.
