El conflicto en torno al nombramiento del representante de la sociedad civil en el directorio de SEDALIB ha generado un fuerte rechazo por parte de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú (FENTAP), que ha denunciado públicamente la presunta manipulación política en este proceso.
En el centro de la controversia se encuentra la designación de Frank Eduardo Sánchez Romero, militante de Alianza para el Progreso (APP), quien ha sido señalado como una imposición política con antecedentes que lo descalificarían para el cargo.
Inicialmente, el Colegio de Abogados de La Libertad (CALL) presentó a Sánchez Romero como su candidato, lo que desató críticas dentro del gremio jurídico. Bajo presión, el CALL retiró su postulación, argumentando que no había aprobado la entrevista personal. Sin embargo, la candidatura de Sánchez Romero resurgió cuando la Cámara de Comercio de Chepén lo propuso como su representante, generando dudas sobre la transparencia del proceso. Este hecho no es aislado, pues en el 2023, el decano del CALL, Yvo Hora, fue cuestionado por incluir en la terna a José Ruiz Vega, exalcalde con una gestión controvertida, lo que demuestra un patrón de intentos de politización de estos nombramientos.
FENTAP ha señalado que el proceso de selección ha estado plagado de irregularidades y falta de transparencia. Primero, la convocatoria se realizó de manera exprés, anunciando los resultados el 31 de diciembre, en plena festividad de Año Nuevo, con un plazo de solo dos días para presentar tachas (1 y 2 de enero), ambos días feriados. Además, no se publicaron los requisitos ni las hojas de vida de los candidatos, impidiendo una evaluación independiente y objetiva.
Otro punto clave en la denuncia de FENTAP son los antecedentes de Sánchez Romero dentro de SEDALIB. En 2019, fue nombrado Subgerente de Asesoría Jurídica y posteriormente asumió el cargo de confianza de Gerente de Desarrollo Empresarial. Sin embargo, en 2022 fue despedido tras una desastrosa presentación ante el directorio de la empresa, donde quedó en evidencia su desconocimiento de las operaciones y funciones a su cargo. Para la federación, su nueva postulación es una clara muestra del copamiento político de APP en las empresas de saneamiento.
La situación ha puesto en el ojo de la tormenta al Ministerio de Vivienda, que supervisa la designación de los directores de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS). FENTAP ha exigido que se anule el proceso de selección y se garantice una convocatoria transparente, basada en criterios técnicos y meritocráticos, para evitar que los cargos sean utilizados como espacios de influencia política.
El pronunciamiento de la federación culmina con una advertencia contundente: “El agua no es un botín político. Las empresas de saneamiento deben ser dirigidas por profesionales idóneos, no por militantes ineficientes. ¡Basta de la politización en la gestión pública de las empresas de agua!”.