La crisis de seguridad que azota a Trujillo ha llevado al borde del colapso al sector transporte. Los transportistas liberteños preparan un paro regional para fines de octubre o inicios de noviembre, en protesta por la ola de extorsiones, asesinatos y amenazas que sufren a diario en las calles.
El presidente de la Asociación de Transportistas de la Región La Libertad (ASTRELL), José Villanueva Ortiz, confirmó al diario Correo que la medida busca exigir al Gobierno y a la Policía Nacional una acción real y sostenida contra el crimen organizado, que desde hace años se ha apoderado de las rutas del transporte urbano e interprovincial.
“Aquí estamos coordinando acciones para acatar un paro nacional. El transporte público en Trujillo está igual o peor que en Lima. Todas las unidades pagan cupos”, advirtió Villanueva.
De las 2 mil unidades que operan en Trujillo —entre micros, combis y colectivos—, todas estarían pagando extorsión a una o varias organizaciones criminales, según ASTRELL.
Lo más grave es que el cobro ya no se realiza por empresa, sino por zona, lo que multiplica los montos exigidos.
“Si un micro pasa por tres distritos, tiene que pagar cinco soles por cada distrito; es decir, quince soles solo para poder circular. Han zonificado la extorsión”, explicó el dirigente.
Los distritos más golpeados son La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora, donde bandas como Los Pulpos, La Jauría y Los Malditos del Valle han desatado una guerra territorial por el control del cobro de cupos.
A esta lista se suman Alto Trujillo, Virú, Ascope, Pacasmayo y Chepén, donde los transportistas interprovinciales también son víctimas constantes de amenazas y atentados.
El Observatorio del Crimen y la Violencia, iniciativa de Credicorp y Capital Humano y Social S.A., reporta que entre enero y septiembre de este año 180 personas vinculadas al transporte (choferes, colectiveros, mototaxistas y taxistas) han sido asesinadas en todo el país.
En La Libertad, la cifra sería de al menos 60 víctimas mortales, según datos del gremio.
“Si no pagas, ya sabes lo que te pasa. Matan a cualquiera. No hay autoridad ni protección”, lamentó Villanueva.
El dirigente responsabilizó a las autoridades por la falta de políticas efectivas de seguridad.
“Esto se ha desbordado porque ningún gobierno ha tenido la capacidad de frenar al hampa. A [César] Acuña el cerebrito ya no le da, y el general [José] Zavala tampoco ha sido capaz de solucionar el problema”, expresó con indignación.
Villanueva propuso una reforma legal que permita actuar de inmediato contra los extorsionadores, incluso desde el primer contacto telefónico: “El ataque debe ser inmediato, apenas se detecte una llamada extorsiva, no cuando ya explota una bomba o matan a un conductor.”
Trujillo se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas del norte peruano. Solo en lo que va del año, se han registrado más de 230 atentados y ataques vinculados a la extorsión, según reportes policiales.
El transporte público —uno de los principales motores económicos de la región— opera hoy bajo una red de miedo, donde empresarios, choferes y cobradores viven bajo amenaza constante.
