La Asociación de Transportistas de La Libertad (ASTRELL), liderada por Carlos Guerra, anunció un paro indefinido a partir del 12 de noviembre para exigir al gobierno central que tome acciones concretas y efectivas contra la violencia y el crimen en la región y la salida del Comando Policial que lidera el general José Zavala. El paro, motivado por el alarmante aumento de homicidios, extorsiones y asaltos, busca atraer la atención nacional hacia la crisis de seguridad en La Libertad, que afecta gravemente al sector de transporte.
Según los transportistas, la inseguridad en las carreteras y en las ciudades ha llegado a niveles insostenibles, y las amenazas de extorsión y asaltos son parte de la rutina diaria para quienes transitan en La Libertad. El 22 de octubre, ASTRELL ya había llevado a cabo una paralización de 24 horas para visibilizar la problemática, pero el paro indefinido ahora busca una respuesta más contundente. “El paro va sí o sí desde el 12 de noviembre, solamente enfocados en el tema de la inseguridad. No hay otro punto”, declaró Guerra, quien antes de la medida espera coordinar esfuerzos con el gobernador César Acuña Peralta.
Carlos Guerra ha propuesto que el gobierno central declare en estado de emergencia la seguridad ciudadana en La Libertad, una medida que, según él, permitiría acelerar la implementación de tecnologías de seguridad, como los sistemas de geolocalización que los transportistas consideran esenciales para enfrentar la crisis actual. Para ellos, esperar hasta abril o mayo de 2025 para contar con estos equipos sería demasiado tiempo en un contexto donde la vida y el trabajo están constantemente amenazados.
La declaración de un estado de emergencia en seguridad no solo ayudaría a reducir la burocracia en la adquisición de estos equipos, sino también permitiría el despliegue de más fuerzas de seguridad y la toma de medidas excepcionales para enfrentar a las organizaciones delictivas en la región.
Previo a la paralización, Guerra y los dirigentes de ASTRELL esperan recibir el respaldo de las autoridades locales, incluido el gobernador César Acuña Peralta, quien, en reiteradas ocasiones, ha manifestado la necesidad de que el gobierno central tome acciones directas para proteger a los ciudadanos de La Libertad.
La reunión con Acuña es vista como un esfuerzo por lograr una alianza entre los transportistas y las autoridades locales, de manera que puedan trabajar juntos en la implementación de políticas de seguridad y ejercer presión sobre el gobierno central.
El paro indefinido tendrá implicaciones profundas en la economía y la vida cotidiana de La Libertad. La región depende de sus rutas de transporte para el traslado de bienes, servicios y personas. Con la paralización de las actividades de transporte, la comunidad podría enfrentar dificultades en el abastecimiento de productos y servicios esenciales, lo que a su vez podría incrementar la presión sobre el gobierno central para responder a las demandas.
La sociedad de La Libertad está cada vez más cansada de los niveles de violencia que enfrentan, y el paro indefinido se presenta como un punto de unión entre los ciudadanos y el sector transporte. El apoyo de la comunidad es esencial para que el paro tenga el impacto necesario, y los ciudadanos de Trujillo y otras localidades han mostrado solidaridad con la causa, conscientes de que el problema de la inseguridad no solo afecta a los transportistas, sino a toda la región.
