Una ola de indignación ciudadana sacude nuevamente el sistema judicial en La Libertad. Más de dos mil ciudadanos trujillanos han presentado ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dos denuncias colectivas contra los jueces de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
Los denunciantes sostienen que ambos magistrados habrían favorecido con resoluciones judiciales a bandas criminales, sicarios y violadores, quienes, tras ser liberados, habrían continuado cometiendo delitos como extorsiones y asesinatos en la región.
En los documentos ingresados el 7 de agosto de 2025 a mesa de partes de la JNJ, con más de 140 folios cada uno, se detalla que las resoluciones de estos jueces no serían casos puntuales, sino parte de un patrón reiterado de decisiones que estarían beneficiando a integrantes de peligrosas redes delictivas.
“Está totalmente probado que no ha sido un hecho aislado sino que es un modus operandi seguramente con corrupción de por medio, en otras palabras, coimas”, señala uno de los párrafos de la denuncia.
Los ciudadanos aseguran que las liberaciones han tenido un impacto directo en el incremento de la inseguridad, pues varios de los beneficiados han sido nuevamente capturados o vinculados a crímenes en Trujillo y provincias.
Ambas denuncias están respaldadas por pruebas recopiladas en redes sociales, notas periodísticas y registros de procesos judiciales que, según los denunciantes, evidencian un comportamiento sistemático.
Los documentos llevan la firma y huella digital de aproximadamente dos mil ciudadanos y están suscritos por representantes legales que han acompañado el proceso ante la JNJ. Entre ellos figura el abogado Edwin Astucuri C., junto a dirigentes y ciudadanos que afirman haber sufrido o conocido de cerca las consecuencias de la violencia generada por las bandas liberadas.
Los firmantes solicitan la destitución inmediata de ambos jueces, confiando en que la JNJ actúe para salvaguardar la institucionalidad y la confianza ciudadana en el Poder Judicial. “Aún creemos en la justicia y esperamos ser escuchados… es una de las pocas instituciones que aún velan por los ciudadanos peruanos”, se lee en el documento.
