Una grave irregularidad sacude a la Policía Nacional del Perú (PNP) en La Libertad. Informes oficiales, a los que ha tenido acceso Causa Justa, revelan que cuatro armas de guerra —tres fusiles HK-G3 y un fusil AKM— desaparecieron misteriosamente de los almacenes del Departamento de Armamento y Municiones (DAM) de la Región Policial La Libertad (REGPOL LAL), donde despachan oficiales del Comando Policial de La Libertad, entre ellos el general Guillermo Llerena, jefe de la región policial.
El hecho pone en jaque la seguridad interna de la institución y abre un nuevo capítulo en las investigaciones sobre el desvío de armas hacia redes criminales que operan en el norte del país, principalmente en Trujillo, donde se dedican a la minería ilegal y la extorsión, causando terror en la población.
Los documentos de supervisión realizados entre el 17 y 18 de septiembre de 2025 detallan que los fusiles HK-G3 con números de serie P003377, P001932 y P002182, además del fusil AKM con número de serie 633577, no fueron encontrados en el DAM-Trujillo, a pesar de que debían estar registrados físicamente en el inventario oficial.
Hallazgo en Pataz
El control fue ejecutado por oficiales de la PNP en presencia de responsables del área de armamento. Durante la diligencia se constató que dichas armas no se encontraban ni en los almacenes ni en las oficinas administrativas del DAM. Lo más alarmante es que los fusiles figuraban en los listados de diciembre de 2024 y julio de 2025, lo que significa que su desaparición es reciente y podría estar vinculada a un manejo irregular.
El informe señala, además, que uno de los fusiles desaparecidos, el HK-G3 con serie P001932, fue hallado días antes en poder de dos individuos identificados como Juan Carlos Crispín Meza y Jerson Javier Adanaque Naquiche, detenidos en la jurisdicción de la DIVPOL Pataz por el presunto delito de tenencia ilegal de armas de fuego y minería ilegal.
Omisiones y encubrimiento
Los documentos oficiales advierten que los fusiles HK-G3 con serie P003377 y P002182 habían sido asignados a la Compañía Minera Marsa y a la Escuela de Educación Técnica de la PNP en Trujillo. Sin embargo, no fueron devueltos ni internados al DAM, incumpliendo los protocolos establecidos.
El caso del fusil AKM con serie 633577 es aún más preocupante: debía estar en el arsenal de Trujillo, pero su paradero actual es completamente desconocido. El acta de supervisión concluye que la situación representa una vulneración grave a la cadena de custodia de armas de guerra, de propiedad exclusiva del Estado peruano.
El informe ha sido derivado a la Oficina de Disciplina (OD) de la PNP en Trujillo, bajo el marco de la Ley 30714 del Régimen Disciplinario Policial. Los responsables del DAM y de las unidades que tuvieron bajo su custodia las armas podrían enfrentar sanciones administrativas e incluso investigaciones fiscales por presunta colusión o desvío de armamento hacia manos criminales.
Hay que señalar que varias investigaciones periodísticas y judiciales, que han sido dadas cuentas por Causa Justa, han vinculado la pérdida de armas de los almacenes policiales con su posterior aparición en manos de bandas dedicadas a la extorsión, el sicariato y la minería ilegal en regiones como La Libertad y Áncash.
Expertos en seguridad advierten que la desaparición de fusiles de alto poder como los HK-G3 y el AKM es una alerta roja para la seguridad ciudadana. Estos armamentos, de uso exclusivo militar y policial, suelen terminar en arsenales de organizaciones criminales que operan en provincias como Pataz, Trujillo y Virú, zonas donde el sicariato y las extorsiones están al alza.
Un oficial en retiro consultado por este medio afirmó que “la filtración de armamento desde los propios almacenes de la PNP es un eslabón clave que fortalece a las mafias locales. Sin control y sanción ejemplar, se repite el círculo de armas que desaparecen y aparecen en escenas del crimen”. “Los G3 son armas de alta potencia, que se compraron para resguardar las fronteras y para la lucha contra el terrorismo”, expresó la fuente.
La PNP deberá determinar quiénes fueron los responsables directos del control, entrega y devolución de las armas. Las investigaciones apuntan a los encargados del DAM, a quienes se les atribuye no haber realizado la verificación física correspondiente.
El caso también podría escalar a la Fiscalía de la Nación, dado que se trata de un hecho que compromete bienes del Estado y que podría estar vinculado a redes criminales en La Libertad.
