Ante la creciente inseguridad que golpea al sector educativo en la región La Libertad, la Gerencia Regional de Educación analiza implementar una medida que, aunque controversial, busca salvaguardar la integridad de miles de estudiantes y docentes: la instalación de detectores de armas en los accesos a colegios focalizados por denuncias de violencia o extorsión.
El anuncio fue hecho por el gerente regional de Educación, Martín Camacho Paz, quien reconoció en entrevista con Cosmos Noticias que el crimen organizado y la extorsión han rebasado las fronteras del comercio o el transporte para ingresar a las escuelas, generando temor entre directivos, padres y estudiantes.
“Han presentado una propuesta de detectores de armas y me parece muy interesante. No es muy costosa. Cada detector cuesta 100 soles y eso permitirá que nos organicemos con las bases de profesores y padres de familia para revisar mochilas si se detecta algo sospechoso”, expresó Camacho.
La propuesta, según explicó el funcionario, está en etapa de evaluación técnica y contempla una implementación inicial en instituciones que hayan reportado hechos delictivos o amenazas directas. En principio, se buscará trabajar de manera articulada con las asociaciones de padres de familia y los docentes, quienes serían los responsables de utilizar los detectores portátiles.
Esta medida ha generado debate entre distintos sectores de la comunidad educativa. Algunos padres consideran que es una respuesta necesaria ante la sensación de vulnerabilidad que viven sus hijos. Otros, sin embargo, temen que la revisión de mochilas vulnere los derechos de los escolares o que genere un ambiente de criminalización en los centros de estudios.
La discusión se da en un contexto preocupante. Solo en las últimas semanas, los directores de las instituciones educativas Carlos Wiesse (Virú) y Víctor Raúl Haya de la Torre (Roma-Ascope) denunciaron haber recibido amenazas de extorsionadores que exigían pagos para no atentar contra sus vidas o las instalaciones escolares.
Las respuestas institucionales han sido dispares. Mientras algunos colegios optaron por suspender clases presenciales y convocar sesiones virtuales, la Gerencia Regional de Educación ha sido clara en señalar que esa decisión solo puede ser autorizada por las UGEL en coordinación con la propia gerencia.
“Lamentamos lo ocurrido, pero no se puede interrumpir el servicio educativo sin una autorización previa. Entendemos el miedo, pero debemos actuar con criterio institucional”, indicó Camacho Paz.
La violencia no se limita a los grandes centros urbanos. En zonas alejadas, los docentes denuncian amenazas constantes mientras intentan cumplir su labor. Durante su última visita a Julcán, el gerente regional recogió testimonios alarmantes.
“Los maestros me dijeron que habían acudido a la Policía para denunciar extorsiones, pero que los agentes les recomendaron ‘arreglar’ con los delincuentes. La misma Policía los manda a negociar con el crimen”, denunció.
