Una investigación periodística reveló que parlamentarios de distintas bancadas incorporaron a sus despachos del Congreso a personas que previamente habían realizado aportes económicos, entregado bienes o prestado servicios durante sus campañas electorales. Entre los nombres vinculados a La Libertad aparecen el senador Víctor Flores Ruiz, de Fuerza Popular, y el diputado Diego Bazán, de Renovación Popular.
El informe de Punto Final realizó un cruce entre los registros oficiales de aportantes declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y las planillas del Congreso correspondientes al cierre de agosto de 2026. Los aportantes terminaron ocupando puestos como asesores, técnicos y auxiliares parlamentarios, con remuneraciones que, en algunos de los casos investigados a escala nacional, superan los S/14 mil mensuales.
En Fuerza Popular, la investigación identificó una presencia particularmente amplia de aportantes posteriormente contratados. La República, recogiendo las revelaciones periodísticas, reportó 18 aportantes incorporados en oficinas de 14 parlamentarios de esa agrupación, lista en la que aparece el senador liberteño Víctor Flores Ruiz.
El caso no se limita al fujimorismo. En Renovación Popular también fueron identificados parlamentarios que incorporaron a aportantes de campaña a sus despachos. Entre ellos figura Diego Bazán, actual diputado por La Libertad.
La investigación nacional ha abierto cuestionamientos sobre un posible conflicto entre el financiamiento electoral y las posteriores contrataciones con recursos públicos. Sin embargo, el hecho de haber aportado a una campaña y posteriormente ser contratado por un despacho parlamentario no constituye, por sí solo, prueba de una contratación ilegal o de un intercambio de favores.
Algunos de los parlamentarios consultados en el reportaje sostuvieron precisamente que las personas contratadas cumplían los perfiles requeridos y que sus aportes electorales no determinaron su posterior incorporación al Congreso. El exoficial mayor del Parlamento César Delgado Guembes señaló que estas contrataciones no representan necesariamente un problema legal, aunque pueden plantear cuestionamientos sobre la gestión y la idoneidad del personal contratado.
El asunto ya trascendió el reportaje periodístico. Tras conocerse las contrataciones, se informó que la Comisión de Ética Parlamentaria evaluaría posibles investigaciones para determinar si en alguno de los casos existió una retribución de favores o alguna conducta contraria a las obligaciones éticas de los legisladores.
En el caso específico de La Libertad queda por precisar un dato fundamental: quiénes fueron los aportantes contratados por Flores y Bazán, cuánto aportó cada uno, qué cargo ocupa actualmente, cuál es su remuneración y qué experiencia profesional acreditó para ingresar al despacho parlamentario.
Ese cruce permitirá determinar la verdadera dimensión de ambos casos y diferenciar una contratación legal de confianza de una eventual situación que amerite un examen político o ético más profundo.
