23 días de olvido en la Amazonía/ Olinda Valdez

Por Olinda Valdez

Los ecosistemas no se recuperan fácilmente después de incendios forestales como los que han arrasado más de 22 regiones en el Perú. Se estima que podrían tardar cerca de 100 años en regenerarse, mientras que el Estado peruano ha hecho poco por controlar estos desastres. La señora Dina Boluarte, quien se autodenominó “la mamá de los peruanos”, parece más interesada en proteger su sillón en Palacio que en salvar la Amazonía. Pero, ¿qué políticas tiene el Perú para enfrentar los incendios forestales? ¿Qué se está haciendo hasta ahora? ¿Quiénes se benefician de esta tragedia?

El país está en llamas y la respuesta del gobierno ha sido mínima. Solo una débil campaña de concientización impartida, que no apaga el problema y muestra resultados devastadores. Mientras tanto, se distrae organizando la despedida del dictador Alberto Fujimori, una clara señal de la indiferencia de la mandataria de turno hacia los peruanos.

Según el informe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), se han registrado 361 incendios forestales, con un saldo de 20 personas fallecidas mientras intentaban apagarlos. Más de 3,300 hectáreas de áreas naturales han sido afectadas, dañando la Reserva Natural de Cutervo, las Pampas en Áncash y áreas protegidas en la zona altoandina de Ayacucho. En Amazonas, la región de Bagorá ha perdido 30 mil hectáreas, y los únicos en acudir, además de los bomberos, han sido las rondas campesinas: personas comunes, sin preparación ni equipo adecuado para enfrentar incendios de esta magnitud. Los bomberos de Chachapoyas casi pierden la vida intentando sofocar el fuego en Luya, mientras el Estado ha permanecido en silencio por más de 23 días.

Esta indiferencia del gobierno central deja a los gobiernos locales y regionales con la responsabilidad de enfrentar la crisis sin presupuesto ni equipo adecuado, a diferencia del gobierno central, que cuenta con la fuerza aérea y otros recursos. La devastación no solo afecta la flora, fauna y diversidad de la Amazonía, sino también las zonas arqueológicas en Chachapoyas, lo que implica una pérdida cultural significativa. Además, miles de familias de pequeños agricultores pierden su sustento, aumentando la brecha de desigualdad en el país.

Las grandes empresas ven en los incendios una oportunidad. Con las tierras amazónicas y andinas arrasadas, los pueblos originarios se ven desplazados y sin territorio que proteger o reclamar. Estos terrenos se devalúan, lo que facilita su adquisición por parte de grandes corporaciones, como las que promueve la ley Anti Forestal aprobada por el Congreso. Así, el Perú se encamina hacia una mayor concentración de tierras, pasando del dominio de la agroindustria en la costa a la expansión de monocultivos en la selva. Actualmente, el grupo Romero opera en la Amazonía con cultivos de palma aceitera, amenazando aún más la biodiversidad. De los antiguos terratenientes hemos pasado a empresarios que se benefician de este desastre ecológico.

“La selva no se vende, la selva se defiende” debe convertirse en una consigna política. Lo que sigue es la privatización de nuestros recursos, una amenaza que se cierne sobre un país donde el agua es cada vez más escasa y vital. Los recursos naturales no pueden estar en manos de capitales que priorizan el lucro sobre el bienestar de las familias peruanas. Es una cuestión de supervivencia. Si el estado no se invierte en la vigilancia de nuestras áreas naturales, estamos condenados a que estas pasen a manos de inversiones privadas como vienen siendo promovidas, concretar la intención de la ley Anti-forestal promulgado por este nefasto Congreso de la República. Y estos incendios no son aislados, se vienen dado en todo Latinoamérica, si sigue aumentando, podría causar una hambruna en el mundo, dónde los intereses capitalistas van a concentrar la riqueza, la producción, concretando la acumulación del capital, y aumentando la desigualdad social.

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