Frente a la creciente ola de inseguridad que afecta a Trujillo y Pataz, el anuncio del Premier Gustavo Adrianzén sobre la ampliación del estado de emergencia ha sido recibido con un cauto optimismo por diversos sectores de la sociedad, entre ellos, la Cámara de Comercio de La Libertad, que ha expresado un firme respaldo a esta medida, al mismo tiempo que ha planteado demandas específicas para garantizar el éxito de las operaciones contra la delincuencia.
La Cámara de Comercio resalta la necesidad de mantener el personal y la logística en ambas provincias como elemento crucial para no afectar el desarrollo de los operativos en curso. Asimismo, señala la importancia de implementar un plan de inteligencia con objetivos claros y una comunicación constante hacia la sociedad civil, subrayando el rol que esta última desempeña en el acompañamiento y vigilancia de las acciones gubernamentales.
A pesar del respaldo a la ampliación del Estado de Emergencia, el gremio empresarial hace un llamado a las fuerzas del orden para que demuestren resultados tangibles y adopten una actitud proactiva que conduzca a la captura de los líderes de las principales organizaciones criminales. La percepción de inacción o insuficiencia en los resultados obtenidos en los primeros 60 días refleja la urgencia de un enfoque renovado y más efectivo en el combate a la delincuencia.
El gremio también reitera la importancia de proporcionar un respaldo legal y jurídico sólido a la Policía Nacional y al Ejército, facilitando su actuación ante cualquier eventualidad criminal. La derogación del Decreto Legislativo 1607 por el Congreso, que debilitó las capacidades de intervención de las fuerzas del orden, es motivo de preocupación y evidencia la necesidad de un marco normativo que respalde decididamente las operaciones contra la delincuencia organizada y la minería ilegal.
Por último, la Cámara de Comercio lamenta la no inclusión de las provincias de Otuzco y Sánchez Carrión en la declaratoria de emergencia, subrayando la presencia de mineros ilegales y la consecuente actividad delictiva en áreas como El Lajón y Coigobamba. Esta omisión señala la necesidad de una revisión y expansión de las zonas de emergencia para abarcar todos los frentes de inseguridad en la región.
