En una revelación que sacude los cimientos del sistema judicial de Perú, el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) lanzó el operativo «Valkiria», desentrañando una red de corrupción que parece extenderse hasta los niveles más altos del Ministerio Público.
Uno de los detenidos, tal como informó Causa Justa, es el abogado egresado de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), José Luis Castillo Alva, conocido como “Pepe Lucho”, vinculado con la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, quien está en el centro de la tormenta. Fue arrestado en el piso 19 de un edificio en la avenida Aurelio Miró Quesada, en Lima. Allí, Castillo Alva y su pareja, Mirtha González, fueron detenidos, enfrentando cargos graves de organización criminal y cohecho activo genérico. La pareja es sólo una parte de una red mucho más extensa implicada en delitos de colusión agravada, tráfico de influencias, entre otros.
Castillo Alva había sido previamente implicado en el caso «Los Cuellos Blancos del Puerto», pero había obtenido comparecencia restringida en febrero tras revocarse una orden de prisión preventiva. Sin embargo, su libertad fue de corta duración ya que ahora se le vincula directamente con una nueva organización criminal liderada por Patricia Benavides.
Documentos y testimonios obtenidos por el Ministerio Público indican que Castillo Alva y Benavides habrían trabajado juntos para influir en el nombramiento de fiscales y archivar investigaciones a cambio de sobornos sustanciales. Informes detallan que Mirtha Gonzales Yep, la pareja de Castillo, coordinó con asesores cercanos a Benavides, Miguel Ángel Girao Isidro y Jaime Villanueva Barreto, para manipular procesos judiciales a cambio de $60,000 USD.
Estos fondos, entregados en efectivo, tenían como objetivo específico asegurar que la investigación en curso contra Castillo por su participación en «Los Cuellos Blancos del Puerto» fuera archivada favorablemente. El 1 de abril de 2023, se reportó que Villanueva depositó una parte significativa de este dinero en su cuenta bancaria.
El operativo «Valkiria» ha dejado al descubierto no solo la corrupción dentro de la fiscalía sino también la complicidad entre el crimen organizado y algunos miembros del sistema judicial.
