La Municipalidad Distrital de La Esperanza se encuentra en el ojo de la tormenta tras revelaciones de la Contraloría General de la República, que ha identificado graves irregularidades en la licitación de una obra vial en el distrito.
El informe de orientación de oficio N.º 24413-2024-CG/GRLIB-SOO ha puesto en evidencia inconsistencias que no solo cuestionan la transparencia de la gestión municipal de Wilmer Sánchez, sino que también podrían generar un perjuicio económico al Estado.
Según el documento emitido por el órgano de control, el proceso de selección para la ejecución de la segunda etapa del mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el sector central de La Esperanza presenta fallas alarmantes. Entre ellas, se destaca que el Comité de Selección aprobó bases con un límite inferior menor al 90% del valor referencial, contraviniendo la normativa vigente. Este detalle, aparentemente menor, permite la admisión de postores con ofertas ilegales, lo que podría derivar en la nulidad del contrato y la paralización de la obra.
Un dato que causa aún más suspicacias es que el límite inferior debió fijarse en S/ 8,344,047.32, sin embargo, el comité lo estableció en S/ 8,344,047.31, una variación ínfima pero lo suficientemente significativa para habilitar postores que, en condiciones normales, no habrían calificado. ¿Un simple error administrativo o una maniobra premeditada? Es la pregunta que ahora ronda entre los ciudadanos y especialistas en contrataciones del Estado.
Pero la lista de irregularidades no termina ahí. Seis postores fueron descalificados bajo argumentos que no se ajustan a la Ley de Contrataciones del Estado, mientras que la buena pro fue otorgada a un postor cuyas resoluciones de liquidación de contrato presentan montos inconsistentes y documentos ilegibles. Todo esto refuerza la percepción de que podría existir un claro direccionamiento del proceso en favor de ciertos intereses.
Frente a estas revelaciones, la Contraloría ha exigido medidas correctivas inmediatas para evitar que este caso se convierta en otro escándalo de corrupción impune. Sin embargo, en un contexto donde las irregularidades en la adjudicación de contratos públicos son moneda corriente, la gran interrogante sigue en el aire: ¿actuarán las autoridades con la firmeza que la situación exige o buscarán silenciar el caso para evitar un mayor escándalo?
La ciudadanía de La Esperanza, una de las más golpeadas por la informalidad y la falta de transparencia en la gestión pública, exige respuestas y acciones concretas. La presión social podría convertirse en un factor clave para determinar si esta presunta red de corrupción queda expuesta o si, como ha ocurrido en tantos otros casos, la impunidad se impone una vez más.
