A más de una semana de la declaratoria de estado de emergencia y la suspensión de toda actividad minera en la provincia de Pataz, las rondas campesinas, gremios de trabajadores y organizaciones sociales han iniciado una serie de movilizaciones pacíficas para exigir al Ejecutivo la derogatoria inmediata del toque de queda y la reactivación de las labores mineras.
La medida fue dispuesta por el Gobierno de Dina Boluarte tras la masacre de 13 trabajadores de seguridad vinculados a la minera Poderosa el pasado 4 de mayo. Sin embargo, para los dirigentes locales y autoridades municipales, la respuesta estatal ha sido desproporcionada, mal ejecutada y sin resultados concretos.
El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, se sumó a la jornada de protesta realizada este lunes en Tayabamba, respaldando el llamado de las rondas campesinas. Según declaró a medios locales, el estado de emergencia “carece de planificación” y solo ha contribuido a paralizar la economía de cientos de familias que dependen de la minería artesanal.
“La suspensión de labores afecta a los más pobres. Las grandes empresas siguen trabajando en silencio, mientras los pequeños mineros están en la ruina. El toque de queda no ha dado resultados, no hay operativos efectivos ni presencia real del Estado donde se necesita”, afirmó Mariños.
El burgomaestre también lamentó que no se haya desplegado personal militar o policial en los lugares más afectados por el crimen organizado. “Todo el contingente se quedó resguardando instalaciones privadas. El pueblo sigue bajo amenaza, pero también sin empleo”, denunció.
Desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo que suspendió por 30 días las actividades mineras, cientos de familias ligadas a la minería artesanal han quedado en la incertidumbre. Muchos trabajadores se enfrentan ahora al desempleo, y los negocios locales —como transporte, alimentación y hospedaje— han sufrido pérdidas significativas.
Los manifestantes también denunciaron que la medida no se aplica con equidad, pues aseguran que ciertas empresas continúan operando pese a la prohibición. “¿Por qué la ley solo se aplica a los pequeños? ¿Y las grandes mineras?”, se preguntó un representante de los mineros artesanales durante la movilización.
Hasta el momento, la población de Pataz no ha sido informada de intervenciones policiales ni militares exitosas en la zona. Según las rondas campesinas, no se han realizado operativos de interdicción en bocaminas ilegales ni detenciones importantes de cabecillas criminales, pese a los anuncios del Ejecutivo.
“La medida fue una respuesta política, no técnica. Pataz no necesita restricciones, necesita presencia estatal efectiva, justicia y oportunidades reales de formalización”, concluyó Mariños.
Las organizaciones sociales han anunciado que si no se escucha su demanda, continuarán con las acciones de protesta y exigirán que la presidenta Dina Boluarte viaje a la zona para conocer directamente la realidad de las comunidades afectadas.
