El diputado por La Libertad Marino Lavado lanzó una grave acusación sobre la actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la provincia de Pataz. El parlamentario aseguró tener pruebas de que efectivos del Ejército y de la PNP estarían destinados a resguardar instalaciones de Compañía Minera Poderosa, una empresa privada que opera en esta convulsionada provincia liberteña.
Lavado sostuvo que todavía no hará públicas las evidencias y que espera la programación de la interpelación al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, para presentarlas ante el Congreso.
“Nosotros tenemos pruebas tangibles de cómo el Ejército y la Policía, la fuerza combinada, en la provincia de Pataz, se dedican a resguardar las instalaciones de Minera Poderosa”, afirmó durante una conferencia de prensa.
La declaración coloca nuevamente bajo cuestionamiento el despliegue de las fuerzas del orden en Pataz, una provincia golpeada por la minería ilegal, organizaciones criminales, atentados y asesinatos.
Sin embargo, hasta que Lavado presente las evidencias anunciadas, su afirmación constituye una acusación del parlamentario que requiere ser corroborada. Tampoco puede concluirse únicamente a partir de su declaración que un eventual despliegue policial o militar en instalaciones mineras sea irregular, pues sería necesario establecer bajo qué disposiciones y circunstancias se ejecuta.
Espera interpelación para mostrar las pruebas
Lavado aseguró que las evidencias serán conocidas públicamente cuando el ministro Rafael Belaúnde se presente ante el Parlamento.
“Eso lo vamos a demostrar el día que se programe la interpelación, y será público cómo es que, en vez de defender a la población civil, se dedica a defender intereses privados”, declaró.
El parlamentario sostiene que el despliegue conjunto del Ejército y la Policía estaría beneficiando particularmente a Poderosa y cuestiona que efectivos estatales sean empleados, según su versión, para proteger intereses privados mientras la población de Pataz continúa enfrentándose a elevados niveles de violencia.
Se trata de uno de los puntos que Lavado busca colocar en el debate alrededor de la interpelación.
Interpelación contiene 43 preguntas
El diputado liberteño presentó una moción solicitando que el Pleno del Congreso interpele al ministro de Defensa.
El documento plantea que Belaúnde responda un pliego de 43 preguntas.
Uno de los asuntos centrales está relacionado con los aportes recibidos por Belaúnde cuando participó como candidato presidencial por la agrupación Libertad Popular.
Según la información que sustenta la iniciativa de Lavado, entre las aportantes se encuentra Evangelina Arias Vargas de Sologuren, presidenta del directorio de Compañía Minera Poderosa.
La existencia de un aporte electoral, por sí misma, no demuestra la existencia de un beneficio posterior para la empresa. Precisamente, el parlamentario busca que el ministro explique ante el Congreso las circunstancias de estos aportes y responda los cuestionamientos planteados.
Lavado apunta a un posible trato privilegiado
La acusación adquiere una dimensión mayor porque Lavado pretende relacionar dos asuntos que, hasta ahora, necesitan ser probados de manera independiente: los aportes electorales recibidos por Belaúnde y el presunto resguardo que las fuerzas estatales brindarían a instalaciones de Poderosa.
El diputado considera que existirían elementos suficientes para exigir explicaciones al titular de Defensa y anuncia que los hará públicos durante la eventual interpelación.
Para establecer si existió algún trato privilegiado será necesario conocer las pruebas prometidas por Lavado, así como las órdenes operativas que determinaron el despliegue de militares y policías en Pataz, los lugares donde fueron destinados, las funciones asignadas y el sustento legal de esas operaciones.
También será necesario establecer si el resguardo cuestionado responde a medidas generales de seguridad adoptadas en una zona de alta conflictividad o si, como sostiene el parlamentario, existió una protección particular de intereses privados.
Pataz, escenario de una prolongada crisis de seguridad
La controversia se produce en una provincia donde la presencia de las fuerzas del orden se ha intensificado como consecuencia del avance de organizaciones criminales relacionadas con la minería ilegal y de sucesivos ataques contra trabajadores e instalaciones mineras.
Ese contexto hace especialmente relevante determinar cómo se distribuyen los recursos policiales y militares y cuáles son las prioridades establecidas para proteger tanto a la población como a infraestructura considerada vulnerable.
La interpelación, si finalmente es programada, permitirá conocer si Marino Lavado presenta las “pruebas tangibles” que asegura tener.
Hasta entonces, permanece abierta una cuestión que deberá responderse con documentos y no solamente con declaraciones políticas: qué efectivos del Ejército y la Policía fueron destinados a instalaciones de Minera Poderosa, bajo qué órdenes lo hicieron y si ese despliegue constituye una medida regular de seguridad o un privilegio otorgado a una empresa privada, como sostiene el diputado.
