Revelan que Comando Pataz utiliza camionetas y choferes de minera Poderosa para trasladar detenidos a Trujillo

Una investigación periodística de La República ha puesto bajo cuestionamiento la relación logística entre el Comando Unificado Pataz (CUPAZ) y la compañía minera Poderosa, luego de revelar documentos que dan cuenta del uso de camionetas y conductores de la empresa privada para trasladar a personas detenidas desde la provincia de Pataz hasta Trujillo.

Según el reportaje, el jefe del CUPAZ, general de brigada del Ejército Lizandro Córdova Román, solicitó directamente al superintendente de Seguridad Patrimonial de Poderosa, general EP en retiro Carlos Romero Von Bancels, autorización para utilizar unidades vehiculares de la minera en diligencias vinculadas con personas requisitoriadas.

Los pedidos documentados corresponden al 1 y al 24 de septiembre de 2026. La revelación plantea una interrogante sobre el funcionamiento de un comando creado para combatir la minería ilegal y el crimen organizado en una de las zonas más conflictivas de La Libertad: ¿por qué una unidad integrada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional necesita recurrir a los recursos de una empresa privada para ejecutar sus operaciones?

De acuerdo con la documentación obtenida por La República, el 1 de septiembre el general Lizandro Córdova solicitó al responsable de Seguridad Patrimonial de Poderosa autorización para utilizar una camioneta de la compañía en el traslado de Aníbal Chacón Layza, de 38 años.

El ciudadano había sido intervenido ese mismo día en la garita de control de Calquiche, cuando se encontraba en una camioneta Toyota Hilux negra, de placa BDP-796. Según el reporte, Chacón Layza tenía una orden de captura vigente por un proceso relacionado con tráfico ilícito de drogas, emitida por un juzgado de investigación preparatoria de Trujillo. El requerimiento del jefe del CUPAZ identificaba una camioneta de Poderosa con placa THE-913 y señalaba como conductor a Kevin Palomino Carrera.

La finalidad era trasladar al intervenido desde Chagual, en Pataz, hasta una sede judicial de Trujillo. La investigación periodística sostiene que la empresa autorizó el uso del vehículo y del conductor.

El documento resulta relevante porque no describe una colaboración genérica, sino una solicitud específica de recursos privados para cumplir una diligencia relacionada con una intervención de las fuerzas del orden.

Segundo documento revela otro pedido de movilidad

El reportaje también presenta un segundo caso ocurrido el 24 de septiembre. En esa oportunidad, el general Córdova solicitó nuevamente a Carlos Romero Von Bancels una camioneta de Poderosa para trasladar a Washington Miranda Cutipa, quien registraba una requisitoria vinculada con un proceso por daños materiales ante un juzgado penal unipersonal de Arequipa.

Miranda había sido intervenido por una patrulla mixta del CUPAZ, integrada por efectivos policiales y militares, cuando transitaba por el puesto de control de Calquiche.

Posteriormente, fue conducido a la comisaría de Chagual.

Según la investigación, la dependencia policial no contaba con un vehículo disponible para realizar el traslado correspondiente, motivo por el cual se solicitó apoyo logístico a la minera. La compañía también habría autorizado este segundo requerimiento.

Los dos documentos revelados por el medio periodístico apuntan a una práctica que no se habría limitado a una sola emergencia operativa.

¿Quién financia realmente las operaciones del Comando Unificado Pataz?

El CUPAZ fue constituido en mayo de 2025, durante el gobierno de Dina Boluarte, como parte de la respuesta estatal frente al avance de la minería ilegal y las organizaciones criminales en Pataz.  Su funcionamiento involucra recursos y personal del Ejército y de la Policía Nacional, bajo las competencias del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior.

Sin embargo, la utilización de vehículos y conductores de una compañía minera introduce preguntas sobre la suficiencia de los recursos públicos asignados a las operaciones. También plantea la necesidad de transparentar qué tipo de apoyo privado recibe el comando, bajo qué condiciones y quién asume los gastos correspondientes.

En ese sentido, resulta necesario conocer si el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional autorizaron formalmente el uso de estos vehículos y si existen registros oficiales de los traslados efectuados.

La investigación de La República señala que la relación logística entre el CUPAZ y Poderosa también comprendería el uso de instalaciones de la minera para la alimentación de efectivos militares y policiales. El medio sostiene que cuenta con fotografías y videos en los que aparecen integrantes de las fuerzas del orden compartiendo alimentos con trabajadores de la compañía.

Parte de las imágenes correspondería al campamento minero de Hualanga. Según las fuentes citadas por el diario, los efectivos asignados al comando desayunan, almuerzan y cenan en instalaciones de Poderosa.

Otro elemento incorporado en la investigación es la relación entre la presidenta del directorio de Poderosa, Evangelina Arias Vargas, y el actual ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa. Según La República, Arias Vargas realizó ocho aportes electorales que sumaron S/ 1 480 000 a la campaña presidencial de Belaunde. El dato adquiere relevancia política porque el Ministerio de Defensa participa en las decisiones relacionadas con el despliegue militar en Pataz.

El reportaje señala que Belaunde ha visitado la zona para supervisar las acciones contra la minería ilegal y el crimen organizado, acompañado por autoridades del comando. La investigación periodística sí plantea la necesidad de esclarecer esos vínculos y las condiciones en que se desarrolla la cooperación.

Fuentes consultadas por La República sostuvieron que parte importante de las operaciones del CUPAZ se concentraría en áreas cercanas a concesiones de Poderosa, particularmente en sectores como Pueblo Nuevo, Zarumilla, Cedros y Suyubamba. En estas zonas también existen comunidades vinculadas con actividades de extracción minera. La afirmación plantea otra interrogante: ¿cómo se definen las prioridades territoriales de los operativos contra la minería ilegal y el crimen organizado?

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