En un contexto marcado por el auge de la minería ilegal y la violencia que arrastra, sobre todo en las provincias andinas de La Libertad, una nueva propuesta podría marcar el inicio de una transformación estructural del sector minero regional.
El consejero regional por Trujillo, Ever Cadenillas Coronel, planteó la instalación de dos plantas de refinería de minerales —una de oro en Pataz y otra de carbón en Otuzco— como medida estratégica para ordenar la actividad extractiva y cerrar el paso a la informalidad criminalizada.
“Tenemos que ordenar la minería. Hoy coexisten la actividad formal, informal e ilegal. Este esquema ha generado conflictos, particularmente en Pataz, Huamachuco y Otuzco”, alertó Cadenillas.
La iniciativa, que busca formalizarse mediante un acuerdo del Consejo Regional, apunta a que el Ejecutivo declare de interés regional la implementación de estas plantas, lo que abriría el camino para su eventual construcción con financiamiento público o privado.
La situación minera en La Libertad es crítica. Según datos de la Gerencia Regional de Energía y Minas, existen más de 20 mil mineros en actividad, muchos de ellos operando sin permisos, sin Reinfo y en condiciones de alta precariedad. En zonas como Pataz, donde se ha decretado estado de emergencia por la violencia, la minería ilegal de oro se ha convertido en un negocio millonario que escapa al control estatal.
El gerente regional, Beder Martell Espinoza, ha detallado que solo en esta provincia se producen más de 2,207,000 onzas de oro al año, lo que equivale al 39.3% de la producción nacional. En cifras económicas, se habla de más de 4 mil millones de dólares anuales que se movilizan fuera del circuito formal.
Actualmente, gran parte del mineral extraído en bruto es transportado en camiones hacia plantas de procesamiento clandestinas o fuera de la región, lo que alimenta una red paralela que evade impuestos, controles ambientales y laborales. Cadenillas plantea que las nuevas plantas de tratamiento: Generen un inventario riguroso de operaciones y producción. “La planta en Pataz debe tener capacidad para procesar todo el material con la formalidad debida. Se trata de dejar fuera a los ilegales y dar estabilidad a los verdaderos mineros artesanales”, explicó el consejero.
Instalar una planta de refinería no es tarea sencilla. Cadenillas reconoce que una planta puede costar hasta 200 millones de dólares, por lo que sugiere explorar un modelo de asociación público-privada, posiblemente con participación de empresas con historial de responsabilidad social.
Además, la propuesta exige un mapeo detallado de actores y operaciones mineras en la zona, así como un componente de transparencia y control ciudadano para evitar que las nuevas infraestructuras terminen copadas por intereses privados o mafias disfrazadas de empresas legales.
La propuesta de instalar refinerías en Otuzco y Pataz representa una alternativa concreta frente al descontrol actual de la minería. No solo se plantea como una solución técnica, sino como una herramienta política para recuperar el Estado de derecho en los Andes de La Libertad.
Mientras tanto, la región sigue esperando un cambio de fondo que logre lo que los estados de emergencia no han conseguido por sí solos: restablecer el control sobre los recursos, proteger a las comunidades y garantizar que la riqueza minera beneficie a la región y no a redes criminales.
