La provincia de Pataz se encuentra al borde de una convulsión social. El plazo de 72 horas otorgado al Ejecutivo para instalar una mesa de diálogo formal y democrática venció sin que el Gobierno haya dado una respuesta clara.
Frente a este silencio, las autoridades locales han exhortado al gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, a intervenir de inmediato para evitar que la situación se agrave.
El llamado lo realizó el alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, quien fue claro: “No le voy a dar la espalda a mi pueblo. Pero si el gobernador se decide, podría ser una pieza clave para salir de todo esto”.
Todo comenzó el pasado 29 de mayo, cuando autoridades políticas, dirigentes de las rondas campesinas, representantes de la minería artesanal y organizaciones sociales firmaron un acta dirigida al Gobierno. En ella, exigían la instalación de una mesa de diálogo en un máximo de 72 horas, con el objetivo de levantar la suspensión de las actividades mineras y abordar la crisis económica y social que golpea a la región.
Sin embargo, ayer se cumplió el plazo y no existe una fecha definida para la reunión. Peor aún, la última reunión convocada con ministros de Estado se truncó por supuestas descoordinaciones, hecho que generó aún más frustración en la población.
“La presencia del gobernador regional en esa reunión hubiese sido clave”, afirmó el alcalde Mariños. “Aún está a tiempo. Debe llamar a la presidenta de la República, convocar a los actores sociales y encabezar un proceso real de diálogo”.
La población de Pataz no solo reclama la reactivación de sus actividades productivas. También exige terminar con la ola criminal, frenar el avance de la minería ilegal y garantizar condiciones dignas de trabajo para los mineros artesanales, actividad que forma parte de su identidad ancestral.
“La gente quiere trabajar, no se opone a que se cumpla la ley”, precisó el alcalde. El problema es que, bajo el actual Decreto Supremo N.º 060-2025-PCM, en vigor desde el 8 de mayo, se ha impuesto toque de queda y paralización total de las labores mineras durante 30 días en Pataz, Parcoy y Tayabamba.
Esta medida, aunque adoptada como parte del estado de emergencia para combatir el crimen organizado, ha sido percibida por los pobladores como una criminalización de su actividad económica y un respaldo implícito al gran capital minero. “Lo que veo es que el Gobierno tiene temor a la minera grande y protege sus intereses, mientras abandona al pueblo”, denunció Mariños.
Paro regional en marcha
La tensión no se limita a las declaraciones. Santos Quispe Alvarado, presidente de la Central de Rondas Campesinas de Pataz, anunció que, ante el desinterés del Ejecutivo, evaluarán la convocatoria a un paro regional a partir del 9 de junio.
“Vamos a reunirnos con dirigentes en Huamachuco y Otuzco. El pueblo no puede seguir esperando. Si no hay diálogo, nos movilizaremos”, sentenció.
Las rondas campesinas se han convertido en un actor clave en la defensa de los derechos comunitarios en Pataz, y su respaldo al paro podría paralizar varias provincias de la sierra liberteña.
A medida que se agota el tiempo y se amplifican las tensiones, la ausencia de una interlocución seria por parte del Gobierno central puede tener consecuencias graves. La población exige diálogo, no represión; soluciones, no más decretos.
El rol del gobernador César Acuña podría ser decisivo. Como autoridad regional y figura política influyente, su intervención directa ante el Ejecutivo podría permitir la instalación de una mesa que evite una crisis mayor. Por ahora, la decisión está en sus manos.
