Miguel Antonio Rodríguez Días, conocido como alias “Cuchillo”, no solo carga con el peso de haber sido señalado como uno de los principales autores de la masacre de 13 mineros en Pataz, sino que también se encuentra en el centro de una nueva y preocupante revelación: la creación de una red empresarial sospechosa, que, según especialistas, respondería a una operación de presunto lavado de activos.
El programa periodístico Cuarto Poder reveló chats comprometedores entre “Cuchillo” y su exabogada Liliana Pizán, en los que ambos coordinaban cómo mantener en la sombra a una nueva empresa: Agrivida HDR S.A.C., constituida en julio de 2024 con apenas 500 soles como capital inicial. Detrás de su fachada agroindustrial se esconde una operación de adquisición inmobiliaria millonaria, y vínculos con empresas familiares sospechosas.
Agrivida HDR S.A.C. fue creada como una supuesta empresa de producción y comercialización de frutas y verduras, pero también registrada para importar y exportar vehículos, equipos de cómputo y carga pesada. Lo que sorprende es que, en abril de 2025, esta firma de capital mínimo adquirió el 16.5% de un terreno de 227 mil metros cuadrados en Casma, Áncash, por la suma de S/ 410,226.
El predio, conocido como San Francisco, fue transferido por Silvia Fung Abanto, hija del fallecido minero Carlos Fung López, quien aparece en el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) como minero suspendido.
Los fundadores de Agrivida son Carlos Richard y Segundo Vicente Rodríguez Díaz, hermanos del propio “Cuchillo”, y su gerente general es Geancarlo Alburqueque Alejabo, personaje clave en esta estructura empresarial. La compra del terreno fue firmada en un acuerdo que evidencia un interés estratégico por movilizar recursos fuera de la región La Libertad.
La red no termina ahí. Geancarlo Alburqueque también es el gerente general del Consorcio Empresarial M&L Susana S.A.C., fundada en octubre de 2024 por “Cuchillo” y su primo Gustavo Enrique Cabanillas Rodríguez. Esta empresa cubre rubros tan diversos como ferretería, construcción, transporte y comercio variado, lo que alimenta las sospechas sobre su propósito real.
El perfil de ambas compañías refleja una estrategia recurrente en operaciones ilícitas: la diversificación aparente, el uso de allegados como socios, y la inversión en activos físicos que podrían servir como canal de blanqueo.
Para el abogado penalista Walter Palomino, las piezas encajan con una práctica conocida. “Estamos ante una posible operación de lavado de activos. Se usan empresas como vehículos para convertir, transferir o esconder dinero de origen ilícito, en este caso muy probablemente ligado a la minería ilegal”, explica.
Palomino agrega que las autoridades deben investigar con urgencia los movimientos financieros de estas sociedades, así como sus vínculos con personas en proceso de formalización minera. “El hecho de que se hayan involucrado nombres con historial en el REINFO, y las compras inmobiliarias recientes, es altamente sugestivo”, precisa.
En mayo de 2023, Perú quedó estremecido por la masacre de 13 mineros en Pataz, ejecutada por una organización criminal que buscaba el control de socavones ilegales. “Cuchillo” fue identificado como uno de los líderes de esa estructura, ahora perseguido por la justicia.
Lejos de desaparecer tras la matanza, el rastro de “Cuchillo” reaparece en el mundo empresarial. Las empresas fundadas por él y su entorno no solo muestran actividad reciente, sino que realizaron operaciones sospechosas de alto valor económico.
En lugar de desvanecerse, parece que el crimen organizado cambió de rostro: de sicarios a gerentes, de minas a oficinas notariales, de balas a balances contables.
Este caso debe ser una señal de alerta para las autoridades del sistema financiero y registral del país. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Sunarp y la Sunat deben activar procesos de verificación cruzada sobre empresas con capital mínimo que mueven grandes sumas, especialmente en sectores relacionados a zonas de alta conflictividad minera.
La historia de alias “Cuchillo” no es solo una crónica policial. Es una advertencia clara de que la minería ilegal ya no solo contamina ríos y socavones, sino también instituciones, notarías y registros públicos. Mientras tanto, las familias de los asesinados en Pataz aún no encuentran justicia, pero el dinero de los criminales ya circula con papeles en regla.
