Un nuevo conflicto social sacude a la provincia de Chepén. La empresa Sociedad Agrícola Moche Norte S.A. denunció ante la Fiscalía Provincial Mixta de Chepén a un grupo de al menos 16 personas identificadas por presuntos actos de vandalismo, amenazas y daños a la propiedad privada, cometidos durante la ejecución de una obra de irrigación en el distrito de Pacanga.
De acuerdo con la denuncia presentada por el apoderado legal de la empresa, Roberto Samuel Tolmos Regal, los hechos ocurrieron mientras se desarrollaba la instalación de una tubería de 3.3 kilómetros para abastecimiento de agua de riego en el sector Quito (La Aurorita).
Según el escrito, un grupo de individuos, actuando de manera premeditada y organizada, irrumpió en la zona de trabajos generando un clima de violencia, tumulto y amenazas, con el objetivo de paralizar las labores.
La acusación
El documento presentado al Ministerio Público sostiene que las personas identificadas —acompañadas por cerca de 40 a 50 desconocidos— llegaron al lugar “con actitudes violentas, amenazantes y azuzando a sus acompañantes a coadyuvar en la comisión de actos vandálicos contra los trabajadores”. La denuncia detalla que los supuestos agresores ejercieron violencia física, presiones y gritos, logrando la paralización temporal de las obras.
Uno de los daños más graves señalados en la denuncia fue la destrucción de 32 tubos de clase 10 de 630 mm, parte esencial de la infraestructura, utilizando maquinaria pesada, lo que habría ocasionado pérdidas económicas significativas.
La empresa afirma que estos actos se realizaron sin presentar ningún documento formal que sustente sus reclamos o pretensiones, y asegura que los trabajos cuentan con las debidas autorizaciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), licencias municipales y resoluciones judiciales favorables, cumpliendo todos los procedimientos legales.
Los denunciados
Entre los denunciados figuran los nombres de Alan Villalobos Hernández, Antonio Alberto Baltuano Valle, Jesús David Fernández Altamirano, Elbert Segundo Ríos Vásquez, Ana Cecilia Muñoz Machuca, Roberto Erasmo Cabanillas Villegas, José David Fernández Inoñán, Rosario Paravecino Quiroz, Olinda Cabanillas de Santa Cruz, José Andrés Vigo Celis, Grimaldina Rojas de Santa Cruz, Naldo Flores Toro, Ramona Saavedra Muñoz, Luis Díaz Barboza y Teresa Valdez Rocío, además de otras personas no identificadas que aparecen en los videos y fotos que acompañan la denuncia.
El trasfondo
Según la empresa, el proyecto busca mejorar las condiciones de riego para sus cultivos de frutas tropicales y subtropicales en la zona, beneficiando tanto a la producción como al empleo local. En el escrito, recalcan que la obra cuenta con permisos legales vigentes, incluyendo la autorización para la ejecución de obras otorgada por la ANA (Resolución Directoral N.º 359-2024-ANA-AAA-JZ) y la licencia de obra municipal, entre otros documentos.
En tanto, los pobladores argumentan —según se pudo recoger de fuentes locales— que la zona intervenida habría sido ocupada previamente por ellos, lo que habría detonado el conflicto. La denuncia busca que la Fiscalía inicie las investigaciones por presuntos delitos contra la tranquilidad pública (subtipo disturbios) y contra el patrimonio (subtipo daños agravados).
¿Qué sigue?
El caso pone en evidencia la tensión recurrente entre empresas privadas y comunidades locales, donde el reclamo por el territorio y la falta de acuerdos previos suelen derivar en enfrentamientos.
El Ministerio Público deberá ahora verificar los hechos, identificar a los responsables y deslindar las responsabilidades penales correspondientes, mientras que la empresa ha reiterado su disposición al diálogo, siempre que no se interfiera con el desarrollo de la obra ni con la propiedad privada.
Este incidente reabre el debate sobre la necesidad de mecanismos eficaces de mediación y concertación en proyectos de infraestructura rural, para evitar que la falta de acuerdos termine, una vez más, en violencia.
