Indignación y reclamos de justicia sacuden a la provincia de Gran Chimú y el distrito de Lucma después del asesinato de Jenry Ubedelindo Rodríguez Torres, funcionario del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), ocurrido durante la inauguración de una losa deportiva en el caserío Alto Recuaycito.
El ingeniero agrónomo de 48 años, gestor del Tambo instalado en el pueblo, fue atacado por un sicario que ingresó a su oficina, ubicada junto al escenario deportivo, y le disparó dos veces a quemarropa alrededor de las 9:00 p.m. del miércoles pasado.
La falta de presencia policial en un evento previamente notificado y catalogado como “de alto riesgo” por la propia comunidad, ha generado airadas críticas y exigencias de cambio inmediato de los jefes policiales de la provincia de Cascas y de la comisaría rural de Lucma.
Negligencia y abandono
Según testimonios recogidos, ambos mandos policiales fueron notificados con antelación sobre la ceremonia inaugural y se les pidió formalmente que desplegaran personal para garantizar la seguridad. Sin embargo, ignoraron la solicitud y no acudieron, dejando a los asistentes vulnerables en una zona conocida por ser un corredor de narcotráfico y minería ilegal.
El crimen de Rodríguez Torres ocurrió ante la impotencia de los asistentes. El ingeniero, reconocido por su labor social en la comunidad, murió en el lugar, sumando una víctima más a la creciente ola de violencia en la región.
Patrulleros sin resultados
La población cuestiona el uso de los recursos logísticos disponibles, pues la jefatura provincial de Cascas cuenta con dos patrulleros nuevos y una camioneta de Seguridad Ciudadana, mientras que la comisaría de Lucma dispone de un patrullero igualmente nuevo. Pese a ello, los vecinos afirman que la producción policial es “nula”, al punto de que la zona es transitada impunemente por narcotraficantes y mineros ilegales que trasladan droga, oro, cobre, carbón de piedra, cianuro y dinamita.
“La Policía en Gran Chimú no ofrece ninguna intervención relevante. Parecen más preocupados por evitarse problemas que por proteger a la gente”, expresó un dirigente vecinal.
Un llamado a la acción
Las críticas apuntan directamente al general PNP Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad, a quien le solicitan evaluar los resultados en la zona y realizar cambios en el personal, reemplazando a los actuales jefes por oficiales con mayor preparación y compromiso.
“La muerte de un funcionario estatal en su lugar de trabajo, en plena inauguración, es inaceptable. No podemos permitir que la inacción policial siga cobrando vidas”, dijo una autoridad local.
