La provincia de Chepén y todo el valle Jequetepeque viven días de indignación y dolor. Stephany Portilla Guerrero, de 24 años, estudiante del último ciclo de Ingeniería Industrial en la Universidad César Vallejo (UCV) y anfitriona de eventos, fue hallada sin vida el pasado 7 de agosto con un impacto de bala en la cabeza, en una zona agrícola de la urbanización Los Pinos, segunda etapa.
Horas después, la Policía Nacional intervino a su expareja, el futbolista Juan Muguerza, a quien el Ministerio Público imputó dos delitos: presunto feminicidio y tenencia ilegal de municiones.
En audiencia, el juez determinó dictar seis meses de prisión preventiva, pero no por el presunto feminicidio, sino únicamente por el delito de tenencia ilegal de municiones. Argumentó que la investigación fiscal sobre la muerte de Stephany era “básica e incipiente” y carecía de suficientes elementos de convicción para sustentar una medida coercitiva por el crimen.
El Ministerio Público aún evalúa formalizar la acusación por feminicidio, lo que podría derivar en una pena de cadena perpetua en caso de comprobarse agravantes.
Un caso bajo la lupa
La Región Policial La Libertad sostiene que Muguerza fue la última persona vista con Stephany. Sin embargo, la defensa del imputado alega que en la hora del crimen él se encontraba trabajando como conductor en un fundo de Pacanguilla. De corroborarse esta coartada, el caso podría dar un giro radical.
En paralelo, el padre de la víctima declaró que su hija ya había denunciado a Muguerza por episodios de violencia, un antecedente que reaviva el debate sobre la falta de medidas efectivas para proteger a mujeres en riesgo.
La muerte de Stephany no es un hecho aislado. En lo que va del año, La Libertad registra un preocupante aumento de casos de violencia contra la mujer. En el valle Jequetepeque, este sería el segundo feminicidio en más de cuatro años; el anterior fue el de la empresaria avícola Fiorela Díaz, en Guadalupe.
Organizaciones feministas y colectivos ciudadanos exigen justicia y cuestionan la lentitud del sistema judicial, reclamando políticas más firmes de prevención y protección.
El plazo de detención preliminar vence este sábado antes de las 7 p.m., y las próximas horas serán determinantes para definir el rumbo del proceso. Mientras tanto, el dolor de la familia Portilla y la indignación ciudadana mantienen el caso en el centro de la atención mediática y judicial.
