TRUJILLO, LA LIBERTAD. La investigación contra Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como «Jhonsson Pulpo» y señalado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, tendrá una nueva diligencia este jueves 19 de noviembre de 2026. El Ministerio Público ha programado su declaración en el marco de las investigaciones vinculadas con el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla.
La diligencia se realizará a las 9:30 de la mañana, mediante la plataforma Google Meet, según una providencia emitida el 11 de noviembre por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos contra el Crimen Organizado de La Libertad.
El documento fiscal revela un detalle relevante: la declaración estaba prevista inicialmente de manera presencial, pero la Fiscalía modificó la modalidad al señalar que carece del presupuesto institucional necesario para llevarla a cabo bajo esas condiciones.
La decisión abre interrogantes sobre los recursos disponibles para desarrollar diligencias en investigaciones de criminalidad organizada. La providencia fiscal, correspondiente al caso N.º 20-2024, lleva la firma del fiscal Álex Santa Cruz Morales.
En sus considerandos, el representante del Ministerio Público señala que, mediante una disposición del 3 de noviembre de 2026, se programó la declaración del investigado para el jueves 19 de noviembre, con participación de su abogado defensor.
Posteriormente, una providencia del 6 de noviembre precisó que la diligencia se desarrollaría presencialmente. Sin embargo, cinco días después, el despacho fiscal dispuso cambiar la modalidad. El documento señala expresamente: «Ante la falta de presupuesto institucional, no es posible llevar a cabo la referida diligencia de manera presencial».
La Fiscalía añade que la decisión busca garantizar que la declaración se realice en la fecha programada y sin afectar el derecho de defensa del investigado. Para sustentar el cambio, invoca el artículo 119-A del Código Procesal Penal, referido a la utilización de medios tecnológicos en las actuaciones procesales.
La providencia establece que la declaración de Cruz Torres se llevará a cabo de manera virtual el jueves 19 de noviembre de 2026, a las 9:30 a. m. El investigado deberá participar con su abogado defensor. Ambos deberán conectarse con anticipación y mantener activados la cámara y el micrófono durante la diligencia.
El despacho fiscal precisa que los demás extremos de la programación original permanecen vigentes. Hay que señalar que semanas atrás, la Corte Superior de Justicia de La Libertad dictó 36 meses de prisión preventiva contra Jhonsson Smit Cruz Torres por la investigación relacionada con el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla.
La medida fue dispuesta por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Subsistema Especializado de Extorsión y Delitos Conexos. El Poder Judicial también impuso prisión preventiva a Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, quien, de acuerdo con la información publicada, fue detenido en Bolivia junto con Cruz Torres.
La prisión preventiva es una medida cautelar destinada a asegurar los fines del proceso penal. La investigación está relacionada con el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, ocurrido el 30 de agosto en Trujillo, hecho durante el cual murieron cuatro personas del entorno del empresario.
La hipótesis fiscal sostiene que Jhonsson Cruz Torres habría dirigido el secuestro desde Bolivia. El caso ha adquirido especial relevancia por la gravedad de los hechos investigados y por la presunta participación de integrantes de una organización criminal vinculada con delitos de extorsión y secuestro.
Más allá de la situación procesal de Cruz Torres, la providencia fiscal plantea una cuestión institucional. El Ministerio Público reconoce que no dispone del presupuesto necesario para realizar presencialmente una diligencia que ya había sido programada bajo esa modalidad.
Aunque la legislación permite desarrollar determinadas actuaciones mediante medios tecnológicos, la decisión evidencia una limitación operativa expresamente reconocida por el despacho fiscal. El documento no precisa cuánto dinero requería la diligencia, qué gastos debían cubrirse ni por qué no se contaba con los recursos.

