La sombra del conflicto de intereses vuelve a teñir el periodismo en la provincia de Patáz. Esta vez, el protagonista es el comunicador Álex Pino Torres, conocido por su cercanía con el alcalde Aldo Carlos Mariños, a quien ha acompañado en actividades oficiales y respaldado públicamente en la llamada “marcha de sacrificio”. La controversia estalló cuando se conoció que su hijo, Alexander Pino Otiñano, viene siendo favorecido con contratos municipales que despiertan más de una sospecha.
Los registros del portal de Transparencia revelan que, desde 2023 —justo cuando Mariños asumió la gestión municipal—, Pino Otiñano, estudiante de Psicología en la Universidad César Vallejo, ha recibido órdenes de servicio por conceptos de publicidad radial, difusión de spots y alquiler de equipos de sonido. En menos de dos años, los montos superan los 26 mil soles, cifra que podría parecer modesta frente a otros contratos municipales, pero que se vuelve significativa por el perfil del beneficiario: un joven sin trayectoria en el campo de las comunicaciones, pero con un apellido que pesa en la política local.
El asunto no pasa desapercibido en un contexto donde la independencia periodística ya está cuestionada. Mientras comunicadores de la zona denuncian trabas para acceder a información pública o para entrevistar al alcalde, Pino Torres goza de privilegios evidentes: entrevistas exclusivas, acceso preferente a mítines y hasta arengas públicas en favor del burgomaestre. El hecho de que, en paralelo, su hijo figure como proveedor de la municipalidad configura un escenario en el que la delgada línea entre periodismo y propaganda parece difuminarse.
Para algunos observadores locales, esta situación erosiona la confianza ciudadana tanto en los medios como en la gestión municipal. La pregunta que flota en el aire es si estos contratos responden realmente a una necesidad técnica o si son la retribución por un periodismo alineado con el poder de turno. En cualquiera de los dos casos, el resultado es el mismo: un golpe a la transparencia y a la credibilidad en una provincia donde la ciudadanía exige más control sobre el uso de los recursos públicos.
