La Contraloría General de la República ha solicitado iniciar acciones legales y civiles contra la actual regidora de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Eiby Yassir Guibert Chávez, por su presunta responsabilidad en un perjuicio económico de S/ 749,530.04 ocasionado a la Municipalidad Distrital de Huanchaco, cuando se desempeñaba como funcionaria edil.
De acuerdo al Informe de Control Específico N.º 023-2025-2-2048-SCE, publicado el 7 de octubre de 2025, la entidad distrital omitió ejecutar acciones de cobranza del impuesto predial entre los años 2011 y 2019, lo que derivó en la prescripción de deudas tributarias y una pérdida significativa para las arcas municipales.
📄 Informe revela omisiones y falta de control
El informe señala que la municipalidad, además de no realizar los cobros correspondientes, declaró la nulidad de un procedimiento coactivo del año 2016 sin sustento legal válido, afectando directamente la recaudación tributaria.
Según el documento, el perjuicio se originó por el accionar negligente de los jefes de la Oficina de Administración Tributaria y de la Unidad de Orientación, Recaudación y Control Tributario, cargo que ocupó Eiby Guibert Chávez entre el 1 de octubre de 2015 y el 14 de abril de 2016.
A la actual regidora se le atribuye no haber controlado ni ejecutado las acciones de cobranza ordinaria antes del vencimiento del periodo de exigibilidad de las deudas tributarias correspondientes a cuatro contribuyentes, lo que permitió que estas prescribieran al cabo de cuatro años, generando pérdidas por más de S/ 43,000.
⚖️ Contraloría pide acciones legales y civiles
El órgano de control solicitó acciones civiles contra Guibert Chávez y otros exfuncionarios municipales, entre ellos Estuardo Reátegui, Dante Galarreta, Richard Cerrutti, Ricardo Fernández, Freddy Castro y Eder Ortiz. Asimismo, recomendó denunciar penalmente a Javier Rosales, quien habría tenido participación directa en la anulación irregular de procedimientos coactivos.
El caso fue remitido a la Procuraduría Pública y al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes por presunta omisión de funciones y responsabilidad administrativa funcional.
Eiby Guibert Chávez, hoy integrante del Concejo Municipal de Trujillo, ha evitado pronunciarse públicamente sobre el informe de la Contraloría. Sin embargo, fuentes cercanas al municipio señalaron que la noticia ha generado incomodidad en el seno del Concejo Provincial, donde varios regidores exigen que la funcionaria aclare su participación y asuma responsabilidades si se confirman los hallazgos.
El caso reaviva el debate sobre la idoneidad y la transparencia en la gestión de los funcionarios que hoy ocupan cargos públicos, especialmente cuando se trata de quienes han manejado recursos en administraciones anteriores.
