La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad ha abierto una investigación preliminar de 120 días contra el presidente del directorio de Sedalib, Frank Sánchez Romero, y otros cinco funcionarios de la empresa de saneamiento, tras recibir una denuncia que apunta a una posible colusión en la contratación directa de equipos de cómputo. La indagación busca determinar si existió una sobrevaloración significativa en el servicio de alquiler y soporte técnico informático adjudicado a la empresa Compured S.A.C.
Según consta en la carpeta fiscal N.° 2306115500-2025, el Ministerio Público dispuso como primer acto de investigación solicitar a Sedalib una copia certificada de la totalidad del expediente de la contratación directa N.° 011-2025, que incluye desde el requerimiento del área usuaria hasta la conformidad del servicio. Esta revisión será clave para verificar si los montos contratados guardan coherencia con procesos anteriores o si, por el contrario, evidencian irregularidades.
La denuncia fue presentada por Manuel Ruiz Briones, presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú, quien señala que durante la gestión de Sánchez se firmó un contrato directo por S/ 4 425 977.34 para el alquiler de equipos informáticos y servicio técnico “in house”. Este monto sería casi dos millones de soles superior al que Sedalib pagó en 2024 por un servicio prácticamente idéntico.
Ruiz Briones sostiene que en el año anterior, bajo la presidencia del directorio de Percy Rosario Martell, Sedalib contrató exactamente a la misma empresa —Compured S.A.C.— por un monto de S/ 2 427 346.31, con la misma cantidad de equipos y prestaciones técnicas. Este incremento abrupto, sin un cambio significativo en el alcance del servicio, es lo que ha despertado la sospecha de una posible sobrevaloración que podría configurar colusión entre funcionarios de la empresa y la proveedora.
La coincidencia entre ambas adjudicaciones —mismo proveedor, mismos equipos, mismo servicio— pero con una diferencia cercana a los S/ 2 millones, ha llevado a la Fiscalía a activar su unidad especializada. Para los denunciantes, resulta llamativo que una contratación de características similares haya experimentado un aumento tan elevado sin una justificación técnica detallada en el expediente administrativo.
En declaraciones previas a la prensa, el presidente del directorio de Sedalib, Frank Sánchez, rechazó la versión de un sobrecosto y aseguró que el contrato responde a una “actualización integral del servicio”, argumento que deberá sustentar ante la Fiscalía junto a los demás funcionarios involucrados. Todos ellos tendrán que brindar sus declaraciones en los próximos días, acompañados de sus abogados, como parte del proceso preliminar.
La investigación fiscal se enmarca en un contexto en el que diversas instituciones públicas de La Libertad han sido cuestionadas por sus procesos de adquisición y contrataciones directas, lo que refuerza la atención sobre este caso. El Ministerio Público deberá establecer si la diferencia de costos responde realmente a una mejora sustancial del servicio o si constituye una maniobra irregular para beneficiar a un proveedor específico.
Mientras tanto, Sedalib continúa operando bajo la expectativa de que esta investigación pueda derivar en futuras diligencias más exhaustivas, incluyendo peritajes técnicos y revisión de responsabilidades administrativas y penales. Por ahora, la Fiscalía ya ha puesto el foco en lo que podría convertirse en uno de los procesos de contrataciones públicas más cuestionados de la región en el último año.
