La orden de detención preliminar contra Óscar Acuña Peralta —hermano del gobernador de La Libertad, César Acuña, y figura histórica del partido Alianza Para el Progreso (APP)— ha desatado una nueva ola de tensión política. En medio de la investigación por presunto tráfico de influencias en el programa social Qali Warma, el secretario general nacional de APP, Luis Valdez Farías, salió a cuestionar duramente la actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Para Valdez, el requerimiento fiscal y la resolución que autorizó la detención exhiben, según sus palabras, un “apresuramiento” carente de sustento jurídico sólido. El dirigente sostiene que Óscar Acuña no fue citado previamente para declarar ni se agotaron diligencias básicas antes de solicitar la medida extrema de detención. “Una transferencia de dinero no basta para acreditar el delito”, afirmó, marcando una línea de defensa que busca desmontar los elementos que sustentan la imputación por tráfico de influencias.
El caso gira en torno a un presunto pago vinculado a la adjudicación de bienes para el programa Qali Warma, operación que, según la tesis fiscal, sugeriría la intermediación indebida de Acuña para favorecer la contratación de proveedores. Sin embargo, Valdez insiste en que no existe prueba alguna de ofrecimiento, promesa o intervención directa en decisiones administrativas, requisitos indispensables para configurar el delito. “No hay evidencia de que él haya participado en una decisión o haya influido sobre un funcionario. Los argumentos del Ministerio Público presentan vacíos”, sentenció.
La situación tomó mayor dimensión política luego de conocerse que Óscar Acuña se encuentra en condición de no habido. Pese a ello, Valdez evitó llamar públicamente a que se entregue, aunque sí confirmó que su defensa legal ya prepara un recurso de apelación contra la medida de detención preliminar. “Lo que corresponde es reemplazarla por comparecencia. La mejor forma de esclarecer esto es permitir que ejerza su derecho de defensa”, agregó.
El caso ocurre en un contexto sensible para Alianza Para el Progreso, partido que enfrenta cuestionamientos por diversos procesos judiciales que involucran a figuras cercanas al entorno Acuña. La investigación fiscal por el presunto tráfico de influencias en Qali Warma vuelve a colocar al partido en la mira mediática y jurídica.
Con la apelación en curso y la condición de no habido del investigado, la disputa entre APP y el Ministerio Público promete escalar. Por ahora, el mensaje político de Valdez es claro: defenderán a Óscar Acuña porque, aseguran, “no existen fundamentos sólidos que justifiquen la detención”.
