La situación en Retamas, un anexo enclavado en la zona minera del distrito de Parcoy, provincia de Pataz, ha vuelto a exponer la precariedad del orden público en uno de los territorios más golpeados por el crimen organizado y la minería ilegal. Un operativo inopinado encabezado por el prefecto regional de La Libertad, Carlos Rodríguez Rodríguez, dejó al descubierto un escenario alarmante: discotecas, bares y clubes nocturnos operando sin licencias, sin certificado de Defensa Civil, con trabajadoras sexuales sin carné de sanidad e incluso la presencia de menores de edad trabajando en estos locales clandestinos.
Durante la intervención, realizada la noche del último sábado, la autoridad constató que los establecimientos funcionaban sin ningún tipo de control municipal, pese a los graves riesgos para la seguridad y la salud pública. Según Rodríguez, la Municipalidad Distrital de Parcoy no estaría cumpliendo las labores básicas de fiscalización, permitiendo el surgimiento de espacios donde proliferan el hacinamiento, las riñas, el consumo de alcohol sin regulación y la explotación de mujeres, muchas de ellas en situación migratoria irregular.
La presencia masiva de clientes —superior por mucho al aforo permitido— se sumó a un panorama donde las normas son letra muerta. La ausencia de certificados de Defensa Civil expone a trabajadores y asistentes a riesgo de incendios o desastres sin posibilidad de evacuación. La falta de carné sanitario de las trabajadoras sexuales evidencia, además, una completa desprotección en materia de salud pública, sin controles mínimos de enfermedades transmisibles.
El prefecto confirmó que, en al menos dos de los locales intervenidos, se encontraron menores de edad, un hecho que podría configurar indicios de trata de personas o explotación sexual infantil. Por ello, exhortó a Migraciones a realizar intervenciones urgentes en la zona, donde se identificó a mujeres con permanencia irregular en el país.
Retamas no es una localidad cualquiera. Desde febrero del año pasado, toda la provincia de Pataz se encuentra bajo estado de emergencia por la violencia que desatan las organizaciones criminales ligadas a la minería ilegal. El Decreto Supremo 122-2025-PCM mantiene a las Fuerzas Armadas en control del orden interno, pero aun así, los locales nocturnos siguen operando libremente, alimentando dinámicas que se entrelazan con mafias, alcohol, armas, minería ilegal y explotación sexual.
En este contexto, el operativo encabezado por el prefecto evidencia una fractura en la autoridad local, donde la inacción municipal permite que estos espacios crezcan como territorio fértil para delitos conexos. Rodríguez aseguró que continuará interviniendo otros anexos de la provincia, en coordinación con subprefectos, rondas campesinas, Serenazgo, Ejército y Policía Nacional, en un intento por recuperar el orden en un corredor donde el Estado se juega la legitimidad.
La intervención refuerza la preocupación por el avance del crimen organizado y la falta de fiscalización municipal, dos factores que, combinados, convierten a Retamas en un punto crítico en la lucha por la seguridad y la legalidad en el ande liberteño.
