La extorsión se ha consolidado como uno de los delitos más devastadores en la región La Libertad, no solo por su impacto económico, sino por el profundo daño psicológico y social que provoca en miles de familias. En los últimos dos años, este flagelo ha dejado una estadística alarmante: 7,253 denuncias registradas oficialmente, de acuerdo con el Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana, organismo que sistematiza información proveniente de la Policía Nacional del Perú.
Las cifras revelan que en el año 2024 se reportaron 3,997 casos de extorsión, mientras que en 2025 la cifra descendió a 3,256 denuncias. Si bien la reducción de 741 casos podría interpretarse como una señal positiva, las autoridades advierten que el problema sigue lejos de estar controlado, especialmente en la provincia de Trujillo, donde la extorsión se ha vuelto parte de la vida cotidiana de comerciantes, transportistas y pequeños emprendedores.
Trujillo: entre 10 y 12 extorsiones cada día
La gravedad del escenario fue confirmada por el general PNP Franco Moreno Panta, actual jefe de la Región Policial La Libertad, quien reveló que en Trujillo se registran entre 10 y 12 denuncias diarias por extorsión. Esta cifra desnuda la persistencia de organizaciones criminales que operan con altos niveles de violencia y sofisticación, utilizando el miedo como principal herramienta de control.
Las modalidades del delito son diversas: llamadas telefónicas, mensajes por aplicativos, amenazas directas y, en los casos más extremos, el uso de explosivos. Esta última forma de intimidación se ha convertido en un sello del crimen organizado en la región, dejando escenas de terror en viviendas, negocios y obras de construcción.
La dinamita como arma del miedo
El uso de explosivos en extorsiones no solo busca obligar al pago de cupos, sino enviar un mensaje de poder y advertencia. Según datos oficiales del Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana, en 2024 se reportaron 511 detonaciones, mientras que en 2025 se registraron 289 explosiones. En total, 800 casos de extorsión con dinamita se perpetraron en apenas dos años en La Libertad.
Estas cifras explican por qué muchos emprendedores optan por cerrar sus negocios o abandonar proyectos productivos antes de convertirse en víctimas. El miedo se traduce en calles con locales vacíos, inversiones paralizadas y una economía regional golpeada por la criminalidad.
El subregistro: el delito que no se denuncia
Más preocupante aún es el alto nivel de subregistro. De acuerdo con el economista Germán Vega, especialista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), solo el 15.7% de las víctimas de delitos presenta una denuncia formal ante las autoridades en La Libertad. La información, basada en datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, refleja un profundo desencanto ciudadano frente a la capacidad del sistema de justicia y la efectividad policial.
“La mayoría de ciudadanos opta por no denunciar robos, extorsiones o secuestros por miedo a represalias o porque siente que no habrá resultados”, explicó Vega. Esta realidad implica que las cifras oficiales, por duras que parezcan, podrían representar apenas una fracción del problema real.
Impacto económico y social
El efecto de la extorsión va más allá de la inseguridad. Según Germán Vega, los delitos reducen la inversión privada, afectan el comercio local y desincentivan el turismo, generando pérdidas que se sienten en todos los niveles de la economía regional. La percepción de riesgo incrementa los costos de operación de las empresas, limita la generación de empleo y frena el desarrollo.
En una región con alto potencial productivo como La Libertad, la extorsión se ha convertido en un freno estructural para el crecimiento, afectando especialmente a los pequeños negocios que no cuentan con mecanismos de protección frente al crimen organizado.
Un desafío pendiente
Aunque la Policía Nacional del Perú ha priorizado la lucha contra la extorsión y se han logrado capturas importantes en los últimos meses, las cifras demuestran que el problema requiere estrategias más integrales, que incluyan inteligencia criminal, fortalecimiento del sistema de justicia y políticas de prevención social.
La reducción de denuncias entre 2024 y 2025 es apenas un primer indicio. Mientras Trujillo siga registrando decenas de casos por semana y cientos de detonaciones por año, la extorsión continuará siendo uno de los principales desafíos para la seguridad, la economía y la salud mental de la población liberteña.
