A pocos meses de las Elecciones Generales 2026, un informe periodístico vuelve a colocar en el centro del debate público la responsabilidad ética de los partidos políticos en la selección de sus candidatos. De acuerdo con un análisis basado en sentencias y fallos judiciales consignados en hojas de vida oficiales, Alianza Para el Progreso (APP) encabeza la lista de organizaciones con mayor número de postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados que registran antecedentes por violencia familiar.
La investigación, difundida por el portal especializado Congrezoo, revisó resoluciones judiciales —principalmente de la vía civil— que incluyen violencia psicológica, agresiones físicas y medidas de protección dictadas por el Poder Judicial. Si bien estos antecedentes no siempre constituyen un impedimento legal para postular, sí abren un serio cuestionamiento político y moral sobre la idoneidad de quienes buscan representar a la ciudadanía y legislar en nombre del Estado.
APP, el mayor número de casos en disputa legislativa
El reporte coloca a APP, partido fundado y liderado por César Acuña, como la organización que concentra la cifra más alta de aspirantes con sentencias por violencia familiar, superando a otras agrupaciones en competencia. Una parte significativa de estos postulantes busca un escaño en el nuevo Senado, mientras que otro grupo apunta a la Cámara de Diputados, órganos que tendrán un rol determinante en la elaboración de leyes, la fiscalización del Ejecutivo y la orientación de políticas públicas.
El contexto no es menor. Perú arrastra una alta incidencia de violencia familiar, reconocida como un problema estructural por el propio Estado. En ese escenario, la presencia de candidatos con este tipo de antecedentes en listas parlamentarias genera una contradicción directa entre el discurso político y la necesidad de proteger derechos fundamentales, especialmente de mujeres, niñas y niños.
Otras organizaciones también en observación
El análisis revela que siete partidos políticos incluyen en sus nóminas a dos postulantes con sentencias civiles por violencia familiar. En este grupo figuran APRA, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, País Para Todos, Perú Libre, Perú Primero y Somos Perú.
En el caso de Perú Libre, el informe advierte que figura el actual congresista Segundo Montalvo Cubas, quien busca la reelección, esta vez como candidato al Senado, pese a registrar antecedentes judiciales vinculados a este tipo de procesos.
Además, otras nueve agrupaciones presentan al menos un aspirante con antecedentes por violencia familiar en sus listas electorales. Entre ellas se encuentran Avanza País, Cooperación Popular, Fe en el Perú, Libertad Popular, Obras, PD Verde, PTE Perú, Unido Perú y Venceremos.
Legalidad versus legitimidad
Especialistas en derecho electoral coinciden en que la legislación peruana permite postular a cargos de elección popular aun con sentencias civiles, siempre que no exista una inhabilitación expresa. Sin embargo, subrayan que la legitimidad política no se agota en la legalidad, y que los partidos tienen la obligación de aplicar filtros éticos más estrictos en sus procesos internos.
De cara al 2026, este escenario plantea una pregunta clave para el electorado: ¿qué estándares morales están dispuestos a exigir a quienes aspiran a legislar y representar al país? La respuesta no solo marcará el rumbo del próximo Congreso, sino también el mensaje que el sistema político envía frente a una problemática social que sigue cobrando víctimas cada día.
