La anunciada reapertura del local nocturno Tabaco Marino no es un hecho menor ni un simple conflicto administrativo. Se trata, en esencia, de una prueba política y de autoridad para la gestión del alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, quien ha construido parte de su discurso público en torno a la fiscalización, el orden urbano y la recuperación del principio de autoridad en una ciudad golpeada por el descontrol, la informalidad y la inseguridad.
El problema es que el mensaje que hoy circula en redes sociales —donde el establecimiento anuncia su retorno— suena a desafío directo al poder municipal. No solo porque el local fue formalmente clausurado, sino porque el propio alcalde, semanas atrás, había advertido públicamente que no permitiría que acciones judiciales, como eventuales medidas de amparo, debiliten las decisiones técnicas adoptadas por su administración.
Una clausura con sustento legal
El cierre de Tabaco Marino no respondió a un capricho político ni a una presión coyuntural. Fue dispuesto mediante la Resolución Subgerencial N.° 1152-2025-MPT, emitida el 16 de septiembre, sustentada en la Ley 31914 y en la Ordenanza Municipal 019-2025-MPT, normas que regulan la actividad comercial y el funcionamiento de establecimientos de alto riesgo.
La infracción de fondo es crítica: el local carece del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), un documento indispensable que, de acuerdo con el Decreto Supremo N.° 002-2019-PCM, no es un trámite más, sino un requisito vinculado directamente a la protección de la vida y la integridad de las personas. En otras palabras, sin ITSE no existe garantía mínima de seguridad frente a incendios, evacuaciones o emergencias estructurales.
El discurso versus la realidad
En este contexto, la eventual reapertura del local tendría un efecto político devastador. No solo implicaría el desconocimiento de una resolución administrativa vigente, sino que pondría en entredicho el relato de “mano dura” que el alcalde Reyna ha sostenido frente a la opinión pública.
En los pasillos de la Municipalidad Provincial de Trujillo, la preocupación es evidente. Funcionarios y fiscalizadores saben que, si Tabaco Marino vuelve a operar —y más aún si incumple el horario máximo de funcionamiento de la 1:00 a. m.—, el llamado Principio de Autoridad quedará reducido, ante los ojos de los ciudadanos, a una consigna sin capacidad real de ejecución.
El precedente que nadie quiere asumir
El riesgo va más allá de un solo local nocturno. Si un establecimiento clausurado logra reabrir sin subsanar observaciones técnicas ni respetar los procedimientos administrativos, el mensaje que se envía al resto de la ciudad es peligroso: las sanciones se pueden desafiar, las normas se pueden burlar y la autoridad puede ser doblegada.
Trujillo no es una ciudad cualquiera en este momento. Vive una crisis de orden público, seguridad ciudadana y convivencia urbana. En ese escenario, cualquier retroceso en fiscalización no solo erosiona la credibilidad del alcalde, sino que debilita institucionalmente a la municipalidad frente a comerciantes informales, locales nocturnos irregulares y actores que ya operan al límite —o fuera— de la ley.
Una decisión que marcará la gestión
El caso Tabaco Marino se ha convertido, así, en un termómetro político. Si la reapertura se concreta sin una respuesta inmediata y contundente del municipio, la narrativa de autoridad que Reyna ha defendido podría colapsar. Por el contrario, si la gestión sostiene sus decisiones técnicas, ejecuta las sanciones y hace cumplir los horarios y requisitos de seguridad, enviará una señal clara de que el discurso se respalda con hechos.
Hoy, más que nunca, la pregunta no es si un local nocturno puede o no abrir sus puertas. La verdadera pregunta es si la autoridad municipal está dispuesta —y es capaz— de hacer respetar sus propias decisiones. En ese dilema se juega algo más que una clausura: se juega la credibilidad del gobierno local y la confianza de una ciudad cansada de promesas que no se cumplen.
