La escalada delictiva en Trujillo entra en una fase inédita: organizaciones de extorsión estarían incorporando drones para perpetrar atentados con explosivos en zonas consideradas seguras. Tres ataques consecutivos, versiones oficiales contradictorias y evidencias que apuntaría al uso de tecnología aérea ponen en cuestión la respuesta policial y desafía a todas las autoridades.
La criminalidad en Trujillo ha dado un salto cualitativo. En menos de una semana, la ciudad fue escenario de atentados con explosivos presuntamente lanzados desde drones, una modalidad que revela planificación, logística y acceso a tecnología de alta gama. El mensaje es claro: las bandas buscan romper el cerco policial, ampliar su radio de acción y sembrar terror incluso en urbanizaciones tradicionalmente tranquilas y exclusivas como El Golf, en Víctor Larco.
Primer ataque: Monasterio Bar y la versión que no cerró
La madrugada del 12 de enero, una fuerte explosión sacudió la discoteca Monasterio Bar, mientras se presentaba la orquesta Zaperoko. El estruendo se oyó en amplios sectores de la ciudad y dejó varios heridos.
Horas después, el jefe policial regional, Franco Moreno Panta, sostuvo públicamente que el hecho se debió a un desperfecto en el aire acondicionado. La explicación generó incredulidad inmediata: la potencia del estallido y los daños no eran compatibles con una falla técnica.
Ese mismo día, la propia administración del local rectificó: la explosión fue causada por un objeto externo que impactó el techo, descartando la tesis inicial. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el explosivo habría sido arrojado desde el aire, mediante un dron.
Segundo atentado: panadería El Golf y testimonios clave
La madrugada del 18 de enero, una nueva explosión alarmó a los vecinos de Jardines del Golf, en Víctor Larco. El blanco fue la panadería El Golf. De manera extraoficial, se difundió que un balón de gas industrial habría detonado, versión que volvió a ser cuestionada.
El propietario del negocio y un funcionario de Defensa Civil del municipio distrital afirmaron que el ataque se ejecutó con un dron. El testimonio es contundente: trabajadores oyeron golpes en la puerta, encontraron un dron en el suelo, lo ingresaron al local y, minutos después, el artefacto se activó, obligándolos a arrojarse al piso antes de la explosión. El saldo fue de tres heridos y graves daños estructurales.
Tercer episodio: nuevo ataque en Monasterio y bus dañado
La madrugada del lunes siguiente, se produjo otra explosión en los exteriores de Monasterio Bar. Esta vez, el objetivo colateral fue el bus de la orquesta Armonía 10, estacionado mientras se realizaba el show.
Las cámaras no captaron a nadie arrojando el explosivo, lo que refuerza la hipótesis del ataque aéreo. Pese a ello, la autoridad policial insistió en que no existe denuncia por extorsión por parte de los dueños del local. Llama la atención que, aun mostrando stickers de bandas como La Jauría y Los Pulpos en la fachada, el establecimiento continúe siendo blanco de atentados.
Contradicciones oficiales y vacío de respuesta
La secuencia de hechos deja un patrón preocupante: versiones oficiales que se corrigen, reconocimientos tardíos y evidencias que apuntan a un modus operandi sofisticado. La utilización de drones con explosivos no solo eleva el riesgo para la población, sino que desafía la capacidad de prevención y control del Estado en espacios urbanos densamente poblados.
El uso de drones en atentados no es un hecho aislado; es una señal de adaptación criminal. Requiere respuestas inmediatas: control del espacio aéreo urbano, detección anti-drones, inteligencia tecnológica y protocolos claros para no confundir a la ciudadanía. La credibilidad institucional está en juego.
