La violencia asociada a la extorsión continúa escalando en la provincia de Trujillo y esta vez vuelve a golpear un espacio educativo. La noche del último martes, delincuentes detonaron por segunda vez una potente carga de dinamita en los exteriores del colegio Santa María, ubicado en la calle Garcilaso de la Vega, en el distrito de La Esperanza, generando pánico entre los vecinos y renovando el temor de que las organizaciones criminales no reconocen límites cuando se trata de imponer sus amenazas.
El atentado ocurrió en una zona densamente poblada y a escasa distancia de viviendas familiares. La explosión se escuchó a varias cuadras a la redonda y provocó momentos de tensión entre residentes que, una vez más, se vieron obligados a salir a la calle para verificar daños y resguardar a niños y adultos mayores. Este nuevo ataque se produce mientras en el plantel se ejecuta una obra de mejoramiento valorizada en 58 millones de soles, una inversión pública que, según información preliminar, habría despertado el interés de bandas dedicadas a la extorsión que estarían exigiendo el pago de un “cupo” a la empresa encargada de los trabajos.
No se trata de un hecho aislado. El 17 de enero ya se había registrado un atentado similar en los exteriores del mismo centro educativo, lo que refuerza la hipótesis de una amenaza sostenida y dirigida. La reiteración del ataque, con el uso de explosivos, evidencia una estrategia de intimidación que busca presionar mediante el miedo y la exposición pública del riesgo, aun cuando ello implique poner en peligro a una comunidad educativa entera.
Tras el estallido, agentes del Departamento de Investigación Criminal de Trujillo y peritos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron al lugar para asegurar la zona, levantar evidencias y dar inicio a las diligencias que permitan identificar a los responsables. Las pesquisas se centran en determinar el tipo de explosivo utilizado, la modalidad del ataque y su posible vínculo con redes de extorsión que operan en el distrito y en otros puntos críticos de Trujillo.
La reacción vecinal no se hizo esperar. Padres de familia, docentes y residentes del sector expresaron su preocupación por la continuidad de las obras y, sobre todo, por la seguridad de los estudiantes. La pregunta que se repite es hasta cuándo las instituciones educativas seguirán expuestas a una violencia que, en los últimos meses, ha alcanzado obras públicas, negocios, viviendas y ahora colegios, sin que se perciba una respuesta disuasiva efectiva.
Este caso se inscribe en un contexto más amplio de criminalidad en Trujillo, donde los atentados con dinamita se han convertido en una herramienta recurrente de presión extorsiva. La utilización de explosivos en zonas urbanas no solo busca causar daños materiales, sino enviar un mensaje de control territorial y desafío abierto a la autoridad. Para especialistas en seguridad, cuando la violencia alcanza espacios educativos, el impacto social se multiplica y el mensaje criminal se vuelve aún más grave.
Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad de La Esperanza exige presencia policial permanente y medidas de protección reales para garantizar que la obra continúe sin poner en riesgo vidas humanas. El atentado contra el colegio Santa María vuelve a plantear una urgencia que ya no admite postergaciones: frenar la extorsión antes de que el miedo se normalice en aulas y barrios.
