Una decisión judicial clave marca un nuevo avance en las investigaciones por el denominado caso Frigoinca. El Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones de Óscar Acuña, hermano del líder político César Acuña, así como de otros implicados, en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción vinculados a contrataciones públicas.
La medida fue dispuesta por la jueza Leky Chagua, quien declaró fundado el requerimiento presentado por la Fiscalía Anticorrupción encargada del caso. La resolución permite acceder a información financiera y registros de comunicaciones correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024.
Alcance de la medida judicial
La decisión no solo alcanza a Óscar Acuña. También incluye al exgerente regional de La Libertad, Aníbal Morillo, y a los coinvestigados Milton Broca y Segundo Pineda.
En paralelo, la magistrada autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de todos los mencionados, además del fallecido empresario Nilo Burga, quien fue propietario de la empresa Frigoinca, pieza central en la investigación.
Con esta disposición, el Ministerio Público podrá acceder a información clave como movimientos financieros, llamadas telefónicas y otros registros que podrían ayudar a reconstruir posibles vínculos, transferencias o coordinaciones entre los investigados.
Investigación en etapa preparatoria
El caso se encuentra en fase de investigación preparatoria, una etapa en la que la Fiscalía busca reunir elementos de convicción suficientes para determinar si existen indicios sólidos de la comisión de delitos.
El levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones es una medida considerada relevante en este tipo de procesos, ya que permite seguir la ruta del dinero y verificar eventuales coordinaciones entre los involucrados.
El caso Frigoinca y su vínculo con programas sociales
La investigación gira en torno a la empresa Frigoinca, que fue proveedora de alimentos para el desaparecido programa social Qali Warma, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
Este programa estaba orientado a la alimentación escolar en diversas zonas del país, por lo que cualquier irregularidad en su cadena de proveedores adquiere especial relevancia, tanto por el uso de recursos públicos como por el impacto en poblaciones vulnerables.
La autorización judicial representa un paso significativo en la investigación, ya que permitirá a la Fiscalía profundizar en el análisis de las operaciones económicas y las comunicaciones de los implicados.
Este tipo de medidas suele ser determinante para establecer responsabilidades, especialmente en casos donde se investigan presuntos actos de corrupción o irregularidades en contrataciones públicas.
Por ahora, el proceso continúa en desarrollo y serán los resultados de estas diligencias los que definan el rumbo del caso en las siguientes etapas judiciales.
