POR YURI CASTRO
El proceso judicial que enfrenta el consejero regional y candidato a la Municipalidad Provincial de Trujillo, Víctor Robert de la Cruz Rosas, por el presunto delito de usurpación agravada en el caso del mercado La Hermelinda, tomó un nuevo giro luego de que el Sexto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, admitiera como prueba de oficio la declaración de un testigo cuya incorporación ha sido cuestionada por la defensa.
La decisión fue adoptada mediante la resolución N.° 28, emitida el 30 de junio de 2026 por el juez Juan Conrrado Bendezú Villena, quien dispuso incorporar al juicio el testimonio del vendedor de limones Jordán Martín Olivares de Villanueva, al considerar que podría contribuir al esclarecimiento de los hechos ocurridos el 23 de abril de 2020 durante la demolición de puestos en el mercado La Hermelinda.
ARGUMENTOS DE MAGISTRADO
Según la resolución judicial, durante el debate probatorio varios de los comerciantes agraviados hicieron referencia a Jordán Martín Olivares como una persona que habría presenciado directamente la destrucción de los puestos de venta.
El magistrado sostuvo que su declaración no incorpora un hecho nuevo al proceso, sino que busca aportar elementos para esclarecer el mismo hecho histórico que viene siendo debatido en el juicio oral. Asimismo, precisó que ambas partes tendrán la posibilidad de interrogar y contrainterrogar al testigo, por lo que, a criterio del juzgado, no se vulnera el derecho de defensa ni el principio de contradicción.
Sin embargo, la incorporación de Olivares ha sido objetada por la defensa de Robert de la Cruz, que considera que su aparición resulta tardía y genera dudas sobre la consistencia de la acusación.
NUNCA LO MENCIONARON
Se argumenta que, en la denuncia penal presentada en 2020, los agraviados nunca mencionaron a Jordán Martín Olivares como la persona que habría observado a Robert de la Cruz dirigir la demolición.
En las primeras declaraciones brindadas ante el Ministerio Público tampoco aparece citado el denominado «limonero». Durante el juicio oral, solo uno de los cinco agraviados sostuvo que el «limonero» le comentó que Robert de la Cruz dirigía la demolición del mercado hace seis años.
La defensa también sostiene que en el video presentado durante el juicio no se aprecia la presencia de Jordán Martín Olivares ni de otras personas en el interior del mercado, debido a que este permanecía cerrado por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia del COVID-19. El principal cuestionamiento radica en que, seis años después de ocurridos los hechos, recién se incorpore un testigo que presuntamente habría observado a Robert de la Cruz dirigir la demolición de los puestos.
Pese a estos reparos, el magistrado Juan Conrrado Bendezú Villena concluyó que el testimonio podría resultar útil para alcanzar la denominada «verdad material», criterio que permite al juez incorporar excepcionalmente medios probatorios cuando considera que pueden contribuir al esclarecimiento de los hechos.
La resolución enfatiza que el testigo no declarará sobre hechos distintos a los ya incorporados al proceso, sino sobre los mismos acontecimientos investigados desde el inicio del caso.
El magistrado rechazó otros medios probatorios ofrecidos por la defensa, entre ellos, los testimonios de los regidores Andrés Sánchez y Sandra Trujillo, al considerar que serían sobreabundantes respecto del mismo punto que abordarán otros testigos. Esto último resulta curioso teniendo en cuenta en que diferente criterio se usó para incorporar al testigo Jordán Martín Olivares. El juez sostuvo que dichos elementos no aportarían información relevante para resolver el objeto principal del proceso o ya se encontraban acreditados mediante otras pruebas.
PRÓXIMA AUDIENCIA
La audiencia presencial quedó programada para el 6 de julio de 2026 a las 3:00 p. m. El juzgado advirtió que, si Jordán Martín Olivares no asisten sin causa justificada, sus declaraciones serán prescindidas y el juicio continuará con las pruebas ya actuadas.
El proceso busca determinar la eventual responsabilidad penal de Víctor Robert de la Cruz Rosas y Eduardo del Rosario Molero Oyola, investigados como presuntos coautores del delito de usurpación agravada en perjuicio de cinco comerciantes del mercado La Hermelinda.
