En el tramo final de la campaña electoral, cuando cada mensaje busca consolidar votos y marcar diferencias, la candidata Tucha Sempertegui Grijalba ha optado por una línea clara: endurecer la lucha contra la corrupción y reformar el marco legal que, según sostiene, termina favoreciendo al crimen.
Lejos de los discursos ambiguos, su propuesta se ha centrado en dos ejes que atraviesan la preocupación ciudadana: la desconfianza en las instituciones y el avance de la delincuencia. Ambos temas, convertidos en bandera política, han marcado el tono de sus intervenciones en los últimos días.
Sempertegui plantea una fiscalización constante y sin excepciones en todos los niveles del Estado. Su enfoque apunta a eliminar lo que considera zonas de impunidad dentro de la administración pública, donde —según advierte— la falta de control permite que se reproduzcan prácticas corruptas.
La propuesta no distingue jerarquías. Gobiernos locales, regionales y el Ejecutivo nacional estarían bajo un mismo esquema de vigilancia política, con la premisa de que la transparencia deje de ser un discurso y se convierta en una práctica sostenida.
En paralelo, la candidata ha puesto énfasis en el terreno legislativo. Ha anunciado que impulsará la revisión y eventual eliminación de las denominadas “leyes procrimen”, a las que responsabiliza de debilitar la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia.
Su planteamiento busca reforzar el marco normativo en materia de seguridad, en un contexto donde la percepción de inseguridad se ha instalado como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, especialmente en regiones como La Libertad.
Pero más allá de las propuestas técnicas, Sempertegui ha insistido en un elemento que considera clave para la representación política: la cercanía con la población. Su discurso recoge una idea recurrente en campaña: las leyes deben construirse desde la realidad cotidiana de los ciudadanos.
En ese sentido, ha reiterado su compromiso de mantener un contacto permanente con las comunidades, recorriendo distritos y provincias para recoger demandas y trasladarlas al ámbito legislativo. La lógica, afirma, es invertir el proceso tradicional: que las normas no se diseñen desde los escritorios, sino desde el territorio.
Con ese mensaje, la candidata encara la recta final del proceso electoral, buscando posicionarse como una opción enfocada en resultados concretos y en una relación más directa con el electorado.
El cierre de campaña llega acompañado también de un llamado explícito a los votantes, en un contexto donde cada detalle puede ser decisivo. La consigna es clara: marcar el símbolo partidario y consignar su número en la cédula, en un intento por asegurar que la intención de voto se traduzca efectivamente en resultados.
