Una inspección periodística realizada en Pataz pone en cuestión las declaraciones del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en instalaciones de Minera Poderosa.
De acuerdo con lo constatado por un equipo de Diario UNO, más de un centenar de integrantes del Comando Unificado de Pataz (CUPAZ) permanecen dentro del campamento de la compañía minera. En ese lugar, según el reporte, los efectivos realizan actividades cotidianas como alimentación, descanso, formación y coordinación de sus operaciones.
El despliegue también incluye el uso de camionetas pertenecientes a la empresa para los desplazamientos de los militares, según la constatación periodística.
La versión oficial bajo cuestionamiento
Los hechos observados contrastan con la posición expresada por el titular de Defensa, quien ha señalado que las Fuerzas Armadas no tienen como función resguardar las instalaciones de Poderosa.
Sin embargo, información oficial ubica la base de operaciones del CUPAZ dentro del campamento de la minera. Este comando fue conformado para enfrentar a las organizaciones criminales y combatir la minería ilegal en la provincia de Pataz.
La presencia permanente de los efectivos dentro de un complejo empresarial abre un debate sobre los límites entre el apoyo logístico brindado para las operaciones de seguridad y la protección directa de infraestructura privada.
Poderosa y los antecedentes con las fuerzas de seguridad
La vinculación de Minera Poderosa con instituciones encargadas de la seguridad tampoco es reciente.
Una investigación de Convoca reportó que la compañía mantuvo convenios con la Policía Nacional del Perú para la prestación de servicios de seguridad. Entre 2003 y 2020, distintas empresas de los sectores minero y petrolero destinaron más de 18 millones de dólares a la PNP por este concepto. En el caso de Poderosa, los pagos relacionados con estos acuerdos superaron los S/3 millones.
Asimismo, en febrero de 2025, la empresa suscribió una adenda que contemplaba la asignación de policías para puestos de control y labores de patrullaje relacionadas con sus operaciones.
Cuestionamientos sobre el despliegue en Pataz
A estos antecedentes se suma un episodio reportado en mayo de 2025 por La República. En aquella oportunidad, policías trasladados a Pataz denunciaron problemas con la entrega de sus viáticos y señalaron que tuvieron que cubrir con dinero propio algunos gastos de alimentación y otros productos durante su permanencia en la zona.
El contraste genera interrogantes sobre las condiciones en las que opera el personal estatal desplegado en Pataz y el nivel de apoyo logístico que reciben de empresas privadas.
La constatación realizada en el campamento de Poderosa deja así una interrogante pendiente de respuesta por parte del Ministerio de Defensa: si los integrantes del CUPAZ permanecen dentro de las instalaciones de la empresa, desarrollan allí parte de sus actividades y emplean vehículos de la compañía, ¿cuál es exactamente el alcance de su presencia y qué diferencia existe entre apoyo operativo y resguardo de infraestructura privada?
