A menos de dos meses de un operativo de interdicción ejecutado por la Policía Nacional contra la minería ilegal en Huamachuco, nuevas evidencias alertan sobre la presunta reactivación de actividades de extracción y procesamiento de oro en zonas que ya habían sido intervenidas.
Registros recientes obtenidos mediante drones mostrarían nuevamente infraestructura relacionada con la actividad minera en estos sectores, pese a que durante la anterior intervención policial fueron destruidos campamentos clandestinos, socavones y pozas utilizadas para procesar mineral.
En aquella operación también se incautó material explosivo empleado presuntamente en las labores de extracción.
La aparente recuperación de parte de esta infraestructura evidencia uno de los principales problemas que enfrentan las operaciones de interdicción: la capacidad de quienes se dedican a esta actividad para reorganizarse y retornar a los lugares intervenidos una vez que las fuerzas del orden se retiran.
Drones muestran actividad en sectores intervenidos
Las nuevas imágenes permiten observar lo que serían socavones y áreas destinadas al procesamiento de mineral.
De confirmarse que corresponden a infraestructura reconstruida después del operativo policial, demostrarían que la intervención anterior no consiguió detener de manera permanente las actividades en estos sectores.
La rapidez con la que podrían haberse retomado las operaciones también abre interrogantes sobre la capacidad económica y logística existente detrás de la extracción ilegal.
Reconstruir instalaciones, movilizar maquinaria, conseguir insumos, explosivos y personal y posteriormente transportar y comercializar el mineral requiere una cadena que puede extenderse mucho más allá de quienes trabajan directamente en los socavones.
Por ello, pobladores de la zona consideran que las investigaciones no deberían limitarse a intervenir nuevamente los puntos de extracción.
Pozas cerca de terrenos agrícolas generan preocupación
Otro elemento observado en los registros genera especial inquietud.
Las imágenes mostrarían pozas presuntamente utilizadas para procesos de cianuración ubicadas cerca de terrenos agrícolas y canales de regadío.
La proximidad de este tipo de infraestructura a áreas productivas genera preocupación por una eventual afectación de los suelos, cultivos y recursos hídricos utilizados por los agricultores.
Sin embargo, la presencia de las pozas por sí sola no permite afirmar que exista contaminación. Para establecer una afectación ambiental sería necesario realizar inspecciones técnicas y análisis de agua y suelo que permitan determinar la presencia y concentración de sustancias contaminantes.
La ubicación de estas instalaciones sí justificaría, no obstante, una evaluación de las autoridades ambientales y competentes para determinar los riesgos existentes.
Interdicciones que no consiguen detener definitivamente la actividad
La presunta reactivación plantea además una pregunta sobre la efectividad de los operativos cuando no existe presencia permanente del Estado después de las intervenciones.
Destruir campamentos, socavones e infraestructura puede paralizar temporalmente las operaciones, pero no necesariamente desarticula la organización económica que permite que la actividad continúe.
Si permanecen intactas las fuentes de financiamiento, proveedores, compradores del mineral y mecanismos para introducir el oro en circuitos comerciales, existe la posibilidad de que las instalaciones destruidas sean reconstruidas.
Eso es precisamente lo que los nuevos registros obtenidos en Huamachuco obligan ahora a investigar.
Pobladores piden investigar quién está detrás del negocio
Los pobladores reclaman que las autoridades no se concentren únicamente en las personas encontradas trabajando en los puntos de extracción.
Exigen identificar también a quienes presuntamente financian las operaciones, proporcionan insumos y equipos, abastecen de explosivos y sustancias utilizadas en el procesamiento y posteriormente compran o comercializan el mineral.
Seguir esa cadena podría permitir determinar quiénes tienen capacidad económica para mantener las operaciones incluso después de una interdicción.
Por ahora, los registros muestran indicios de una posible reactivación, pero corresponde a las autoridades comprobar en campo qué instalaciones están funcionando, quiénes las operan y si se trata efectivamente de los mismos puntos intervenidos anteriormente.
A menos de dos meses del operativo policial, la situación vuelve a colocar una interrogante sobre la lucha contra la minería ilegal en Huamachuco: ¿es suficiente destruir la infraestructura si quienes financian y sostienen económicamente el negocio permanecen operando?
