El secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, ocurrido en Trujillo y que dejó cuatro personas asesinadas, tendría como telón de fondo un problema mucho más profundo: la enorme economía ilegal que se ha desarrollado alrededor de la extracción de oro en la provincia de Pataz.
Esa es la posición del abogado y analista político Greco Quiróz, quien sostiene que “la minería ilegal en Pataz es el origen del mal” detrás de buena parte de la violencia criminal que actualmente golpea a La Libertad.
En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Quiróz afirmó que las enormes cantidades de dinero generadas por la actividad aurífera ilegal habrían permitido financiar y fortalecer organizaciones criminales que disputan territorios, socavones y rentas provenientes de la extracción de oro.
El analista vinculó este escenario con el secuestro de Lara Tantaquilla, aunque hizo referencia también a los antecedentes del empresario dentro de la actividad minera.
Jenss Lara tuvo REINFO y fue investigado en “Los Topos del Frío”
Quiróz sostuvo que Lara tuvo inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y que esta se encontraba suspendida desde 2024.
“Jenss Lara es una persona que tuvo REINFO y una concesión minera en Pataz, la zona más violenta en La Libertad. Era un minero informal y su REINFO fue suspendido en 2024”, señaló.
El analista recordó además que Lara fue comprendido anteriormente en una investigación conocida como “Los Topos del Frío”, relacionada, según explicó, con presuntas actividades de minería ilegal y comercialización de oro.
Quiróz señaló que el empresario fue intervenido y detenido como parte de aquella investigación.
Este antecedente requiere una precisión fundamental: haber sido investigado o detenido en un proceso penal no equivale a haber sido declarado culpable. La información expuesta por Quiróz permite establecer la existencia de una investigación previa, pero no, por sí sola, una responsabilidad penal de Lara por los delitos que fueron materia de ese caso.
Asimismo, contar o haber contado con inscripción en el REINFO tampoco equivale automáticamente a acreditar la comisión de minería ilegal. La situación jurídica concreta depende del estado del registro y de las circunstancias de la actividad desarrollada.
“Hay un control de las organizaciones criminales”
Para Quiróz, el problema central se encuentra en la forma en que organizaciones criminales habrían conseguido penetrar la economía minera de Pataz.
El abogado afirmó disponer de información reservada según la cual algunos mineros informales habrían recibido amenazas para incorporarse a los sistemas de cobro de cupos impuestos por grupos criminales.
“Trabajas con las organizaciones criminales y pagas un cupo por tu actividad minera, o terminas en una fosa común o al fondo del río Marañón”, relató al describir las amenazas que, según sus fuentes, habrían recibido algunos mineros.
Quiróz sostuvo que personas que se negaron a cumplir estas exigencias habrían sido asesinadas o desaparecidas, mientras otras habrían terminado pagando extorsiones para continuar trabajando.
Se trata de afirmaciones basadas en información que el propio analista califica como reservada y que requieren corroboración por parte de las autoridades.
Además, hizo una distinción importante respecto de Jenss Lara: dijo no tener información que le permita afirmar que el empresario pagaba cupos a alguna organización criminal.
Quiróz sostiene que Lara fue liberado
Otro punto cuestionado por el analista es la forma en que terminó el cautiverio.
Jenss Lara recuperó su libertad después del secuestro. Quiróz sostiene que no se trató de un rescate policial, sino de una liberación por parte de sus captores.
Según su versión, el empresario habría sido dejado cerca de Huanchaco y posteriormente habría llegado por sus propios medios hasta su vivienda.
Quiróz fue más allá y planteó que la liberación probablemente estuvo relacionada con una negociación económica entre los secuestradores y la familia.
Sin embargo, no presentó pruebas que permitan confirmar que se haya pagado un rescate.
El propio padre del empresario ha sostenido públicamente una versión diferente respecto de este punto, negando el pago exigido por los secuestradores. Por ello, mientras no aparezcan elementos objetivos que acrediten una transacción, la existencia de un pago debe mantenerse como una hipótesis y no como un hecho establecido.
Cuestiona las explicaciones de las autoridades
Quiróz también dirigió sus críticas hacia las explicaciones ofrecidas por las autoridades nacionales después de la liberación del empresario.
Cuestionó particularmente la participación del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, durante una conferencia realizada en Trujillo junto con el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola.
Según relató, cuando Arriola se disponía a explicar las circunstancias del caso, Belaúnde intervino señalando que no podían proporcionar mayores detalles debido a las diligencias todavía en curso.
Quiróz consideró que las explicaciones sobre el secuestro correspondían principalmente a la Policía y cuestionó la intervención del titular de Defensa.
Para el analista, las contradicciones y restricciones informativas dejaron más interrogantes que respuestas respecto de cómo se produjo la liberación.
El patrullero que aparece en las imágenes
Quiróz mencionó también un video relacionado con los acontecimientos de Húsares de Junín.
Según afirmó, las imágenes mostrarían un patrullero policial circulando próximo a uno de los vehículos relacionados con los atacantes.
El analista interpretó esa circunstancia como un elemento que debería ser investigado.
La presencia de un vehículo policial en las imágenes, sin embargo, no demuestra por sí misma que efectivos de la PNP hayan participado o colaborado con los autores del secuestro. Para establecer una eventual responsabilidad sería necesario identificar el patrullero, conocer qué agentes lo ocupaban, determinar su recorrido y establecer temporal y espacialmente su relación con los atacantes.
“Estas cosas son muy extrañas y lamentablemente el Gobierno no ha tenido la capacidad y la claridad de explicar esta situación”, sostuvo Quiróz.
También cuestiona a los detenidos
El analista puso bajo cuestionamiento otro de los elementos centrales de la investigación: la participación atribuida a los jóvenes detenidos por la Policía.
Quiróz sostiene que las características físicas de algunos de ellos no coincidirían, a simple vista, con las personas observadas en las imágenes del ataque.
Mencionó específicamente a Julio Zavaleta Quezada, “Juliacho”, y planteó que debería realizarse una comparación antropométrica entre los detenidos y los sujetos registrados por las cámaras.
Su apreciación visual, sin embargo, no constituye una pericia antropométrica ni permite excluir a una persona de la investigación.
Además, la propia documentación fiscal conocida hasta ahora plantea una distribución de funciones entre los investigados, por lo que no necesariamente todos los detenidos tendrían que corresponder con los sujetos visibles ejecutando materialmente el ataque.
La Fiscalía ha recogido declaraciones que atribuyen diferentes funciones dentro del presunto grupo, desde logística y conducción de vehículos hasta ejecución y custodia posterior de la víctima.
Pide absorción atómica, antropometría y balística
Para despejar las dudas, Quiróz considera necesario recurrir a evidencia criminalística.
Entre las diligencias mencionó pruebas de absorción atómica, estudios antropométricos y pericias balísticas.
También cuestionó que las autoridades deban esclarecer dónde se encuentran las armas largas y los uniformes policiales que aparecen en las imágenes del secuestro.
Precisamente, la investigación fiscal deberá determinar si las declaraciones obtenidas durante las primeras intervenciones coinciden con evidencia independiente: cámaras de seguridad, comunicaciones telefónicas, geolocalización, huellas, municiones, armas y otros elementos criminalísticos.
Solo esa corroboración permitirá establecer qué papel desempeñó cada investigado.
El oro y la violencia de Pataz
Más allá de las dudas alrededor del operativo, Quiróz insiste en que el caso Jenss Lara no debería analizarse de manera aislada.
Para el abogado, detrás de la violencia existe una economía ilegal capaz de producir grandes cantidades de dinero y financiar estructuras criminales.
Pataz se ha convertido precisamente en uno de los territorios más golpeados por delitos relacionados con la minería ilegal, extorsiones, asesinatos y disputas por el control de actividades auríferas.
La cuestión que plantea Quiróz es que perseguir solamente a los ejecutores de los delitos no resolverá el problema si permanecen intactas las estructuras económicas que permiten financiar a las organizaciones criminales.
Propone tratar a organizaciones criminales como terroristas
Finalmente, el analista planteó que el Gobierno de Keiko Fujimori adopte medidas extraordinarias frente al crimen organizado.
Quiróz propuso calificar a determinadas organizaciones criminales como terroristas y mencionó como referencia las políticas implementadas por el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.
Se trata de una propuesta política y jurídica controvertida que requeriría evaluar su compatibilidad con la legislación peruana, las garantías constitucionales y las diferencias existentes entre criminalidad organizada y terrorismo.
Mientras ese debate continúa, el caso Jenss Lara sigue dejando interrogantes.
La investigación tendrá que determinar quién planificó el secuestro, quiénes participaron materialmente, qué funciones tuvieron los detenidos, cómo fueron obtenidos los uniformes similares a los utilizados por unidades policiales, qué ocurrió durante el cautiverio y bajo qué circunstancias el empresario recuperó su libertad.
Pero la tesis planteada por Greco Quiróz lleva la discusión más allá de un solo secuestro: si detrás de la escalada criminal de La Libertad existe una economía ilegal alimentada por el oro de Pataz, combatir únicamente a los hombres armados sin atacar el financiamiento y las redes que comercializan ese mineral difícilmente resolverá el problema.
