Las imágenes obtenidas mediante drones permiten observar nuevamente infraestructura utilizada para labores mineras, entre ella socavones ubicados entre plantaciones y pozas empleadas para el procesamiento del mineral.
La situación pone nuevamente bajo atención la capacidad de los operadores ilegales para reconstruir instalaciones y retomar sus actividades después de las acciones de interdicción. Durante la anterior intervención, las fuerzas del orden ingresaron a sectores donde se desarrollaban actividades mineras clandestinas y procedieron a destruir campamentos, socavones y pozas utilizadas para procesar mineral.
También se reportó la incautación de una importante cantidad de explosivos. La dimensión del operativo suponía un golpe a las actividades ilegales desarrolladas en esta zona de Huamachuco. Sin embargo, apenas unas semanas después, los nuevos registros muestran infraestructura nuevamente habilitada en algunos de los sectores intervenidos.
La rapidez de la recuperación plantea interrogantes sobre quiénes financian la reconstrucción de estas instalaciones y cómo se abastecen nuevamente de maquinaria, explosivos, insumos químicos y otros recursos necesarios para reiniciar las operaciones.
Pozas de cianuración cerca de cultivos
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la presencia de pozas de cianuración próximas a áreas agrícolas.
Este procedimiento utiliza sustancias químicas para recuperar el oro contenido en el mineral y requiere condiciones de manejo y disposición adecuadas para evitar afectaciones ambientales.
Las imágenes muestran la proximidad de algunas instalaciones a campos de cultivo. Esta situación representa un potencial riesgo para los suelos, recursos hídricos y actividades agrícolas, aunque para determinar si existe contaminación efectiva se requieren análisis técnicos de agua, suelo y sedimentos realizados por las autoridades ambientales competentes.
Por ello, los registros visuales permiten advertir el riesgo, pero no son suficientes por sí solos para afirmar que ya exista contaminación por cianuro.
La reaparición de instalaciones plantea también cuestionamientos sobre la efectividad de las intervenciones cuando estas no están acompañadas de vigilancia sostenida e investigaciones sobre la estructura económica que mantiene la actividad.
Destruir socavones, campamentos o pozas puede paralizar temporalmente las operaciones, pero la posibilidad de reconstruirlas en pocas semanas evidencia que la interdicción física no necesariamente desarticula a quienes financian y controlan el negocio.
Este escenario adquiere especial importancia en La Libertad, donde las autoridades vienen desarrollando simultáneamente operaciones contra la minería ilegal y contra organizaciones criminales que operan alrededor de economías ilícitas.
Frente a la aparente reactivación, pobladores de la zona consideran que las investigaciones deberían ir más allá de identificar a quienes trabajan directamente en los puntos de extracción.
Demandan determinar quién financia las operaciones, quién abastece los explosivos y productos químicos, cómo ingresa la maquinaria y quién compra y comercializa finalmente el mineral extraído.
Seguir esa cadena permitiría identificar a los actores con capacidad económica para volver a poner en funcionamiento instalaciones después de una interdicción. La reactivación observada en Shiracmaca y Coigobamba vuelve a colocar el problema frente a las autoridades. Las nuevas evidencias deberán ser verificadas en campo por la Policía y los organismos competentes para establecer la magnitud de las actividades y determinar quiénes están detrás de su financiamiento y operación.
