La concesión del antiguo Fundo Santo Tomás fue observada por el órgano de control por haberse otorgado sin procedimiento de selección, sin análisis costo-beneficio y a una empresa que carecía de experiencia. Dos años después del informe de Contraloría, la administración encabezada por Horacio Alva Villarreal, hombre de confianza del apepista Mario Reyna Rodríguez, alcalde de Trujillo en licencia y puesto en el cargo por él, no ha explicado públicamente si el contrato continúa vigente, qué ocurrió con el colegio privado, cuánto recibió la institución ni qué pasó con el albergue para niños que justificaba la finalidad social del proyecto.
La actual administración de la Sociedad de Beneficencia de Trujillo tiene una pregunta pendiente que hasta ahora no ha respondido: ¿qué ocurrió con el terreno del antiguo Fundo Santo Tomás entregado por 30 años a una empresa privada mediante una concesión posteriormente cuestionada por la Contraloría?
El caso no es menor ni puede cerrarse señalando que corresponde a una administración anterior, tal como lo establece Horacio Alva, quien al parecer no tiene comprensión lectora y no ve la real magnitud del problema. El contrato fue suscrito en 2022 por un plazo de tres décadas. Si no fue resuelto o dejado sin efecto posteriormente, sus consecuencias alcanzan directamente a la actual gestión de la Beneficencia.
Sin embargo, hasta ahora no se ha transparentado cuál es su situación en 2026 ni de este ni de otros bienes que tiene a su cargo la actual administración. No se conoce públicamente si la concesión continúa vigente, qué infraestructura llegó a construirse, si funciona el colegio privado proyectado, qué ocurrió con el albergue destinado a niños desamparados, cuánto dinero ha recibido la Beneficencia, qué pasó con la garantía económica entregada por la empresa ni qué medidas fueron adoptadas después de que la Contraloría detectara irregularidades.
Ese silencio resulta particularmente relevante después de que el presidente del Directorio, Horacio Alexander Alva Villarreal, cuestionara las publicaciones de Causa Justa sobre el patrimonio inmobiliario de la institución argumentando que determinados casos corresponden a gestiones anteriores.
Pero Santo Tomás plantea justamente el problema contrario: un contrato originado en una administración anterior puede continuar produciendo efectos patrimoniales durante la actual gestión.
En 2022, la Beneficencia entregó a Productos y Servicios Gutiérrez S.A.C. parte del antiguo Fundo Santo Tomás para desarrollar un proyecto que contemplaba una institución educativa privada y un albergue destinado a menores.
Posteriormente, la Contraloría cuestionó la operación. El Informe de Control Específico N.° 041-2024-2-0424-SCE determinó que el entonces gerente general de la Beneficencia de ese entonces realizó la concesión sin ponerla en conocimiento del Directorio, invocando una norma derogada, sin procedimiento previo de selección y sin un análisis costo-beneficio.
El órgano de control también señaló que la empresa carecía de experiencia y que no venía cumpliendo las obligaciones contractuales. Por tanto, desde 2024 la Beneficencia conocía oficialmente las observaciones formuladas sobre esta operación.
La pregunta es qué hizo después. La actual administración debe explicar qué encontró y qué hizo. Horacio Alva Villarreal aparece actualmente en la propia página institucional como presidente del Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Trujillo.
Su designación tampoco es un dato menor en el actual escenario político. La Resolución de Alcaldía N.° 703-2025-MPT establece que el despacho de Alcaldía consideró pertinente designarlo presidente de la Beneficencia. El documento fue suscrito por el apepista Mario Reyna Rodríguez, entonces alcalde de Trujillo, es decir un cargo de confianza al cual no llegó por sus propias competencias.
La responsabilidad de la actual administración no consiste en haber firmado necesariamente la concesión de 2022. Consiste en informar qué situación encontró, qué acciones adoptó y cuál es hoy el estado de un patrimonio que continúa bajo responsabilidad institucional.
Causa Justa considera que existen preguntas concretas que la administración debe responder. ¿El contrato con Productos y Servicios Gutiérrez S.A.C. continúa vigente?, ¿la empresa mantiene la posesión del terreno?, ¿cuántos metros cuadrados ocupa actualmente?, ¿qué infraestructura construyó?, ¿el colegio privado llegó a funcionar?, ¿existe actualmente el albergue para niños?, ¿cuánto dinero ha recibido la Beneficencia desde la firma del contrato?, ¿se generaron las utilidades previstas?, ¿la institución recibió el porcentaje establecido en el acuerdo?, ¿la empresa cumplió las obligaciones observadas por Contraloría?, ¿se aplicaron penalidades?, ¿se inició algún procedimiento para resolver o modificar el contrato?, ¿existe actualmente un proceso judicial, arbitral o administrativo?, ¿qué ocurrió con la garantía económica entregada por la empresa?
Ninguna de estas preguntas se responde señalando que el contrato pertenece a una gestión anterior. Existe otro elemento que requiere explicación. De acuerdo con la documentación recopilada por Causa Justa, antes de asumir el proyecto la empresa incorporó a su objeto social actividades relacionadas con ejecución de obras de ingeniería, administración de instituciones y albergues y prestación de servicios educativos y lúdicos relacionados con la infancia.
La modificación la colocó formalmente en condiciones de desarrollar actividades relacionadas con el proyecto que posteriormente recibiría. Sin embargo, la Contraloría concluyó después que la empresa carecía de experiencia. La compañía había sido constituida en 2017 con un capital social de S/10 mil, según la documentación recopilada. Para 2022, ese capital habría aumentado hasta S/196.200. Durante ese mismo periodo, Productos y Servicios Gutiérrez obtuvo contrataciones con la Municipalidad Provincial de Trujillo. La información recopilada por este medio consigna operaciones por S/22.188 en 2020, S/273.460 en 2021 y S/137.900 en 2022, que sumarían S/433.548. Lo que sí estableció posteriormente el órgano de control es que la concesión de Santo Tomás no contó con un procedimiento previo de selección ni con un análisis costo-beneficio.
El contrato también dejó otro asunto pendiente. Productos y Servicios Gutiérrez entregó como garantía un cheque del Banco de Crédito del Perú por S/80.440,42, equivalente, según la documentación revisada, al 20 % de la inversión referencial correspondiente a la primera etapa del proyecto. Posteriormente, la empresa reclamó la devolución de ese dinero. Pero desde la propia Beneficencia surgieron observaciones.
El Informe N.° 032-2022-SBT/AT, elaborado por Tesorería, advirtió que la institución no tenía una cuenta abierta en el BCP y recomendó que la empresa presentara una carta fianza, mecanismo que permitiría garantizar la disponibilidad del monto durante el plazo correspondiente.
La documentación recopilada señala que posteriormente la empresa remitió información bancaria para demostrar que disponía de fondos. Cuatro años después, la actual administración debe informar qué ocurrió finalmente. ¿El cheque fue devuelto? ¿Fue cobrado? ¿Fue sustituido por una carta fianza? ¿La Beneficencia conserva actualmente alguna garantía relacionada con el contrato? La respuesta debería encontrarse en los archivos financieros y contractuales de la propia institución.
El silencio adquiere mayor importancia por el origen del patrimonio. La documentación histórica recopilada por Causa Justa vincula el antiguo Fundo Santo Tomás con una donación de la familia Ganoza Delfín destinada a beneficiar a niños desamparados. El propósito era desarrollar un albergue y utilizar parte del patrimonio para generar los recursos necesarios para sostenerlo. Décadas después, el albergue seguía sin concretarse y parte del terreno terminó comprometida en un proyecto privado que contemplaba precisamente un colegio y un componente asistencial.
Por eso existe una pregunta elemental que la Beneficencia debería poder responder inmediatamente: ¿se está cumpliendo actualmente la finalidad social vinculada al terreno? No es el único patrimonio que requiere explicaciones Santo Tomás forma parte de un problema mayor.
Causa Justa viene revisando el antiguo patrimonio inmobiliario de la Beneficencia y ha identificado bienes cuya situación actual necesita ser esclarecida. La Contraloría estableció, por ejemplo, que la negligencia de funcionarios ocasionó la pérdida de un terreno de 617,07 metros cuadrados del Fundo Huerta Morales, que posteriormente fue vendido por US$420 mil. También existen observaciones relacionadas con el cementerio de Mampuesto y otros activos que poco a poco vamos a ir dando a conocer, contratos, incluso, que la actual administración de la Beneficencia ha refrendado.
