A unos 80 kilómetros de la costa norte peruana, bajo aguas que en algunos sectores superan los 2.000 metros de profundidad, se prepara una operación que podría marcar el futuro de la exploración petrolera offshore en el país.
Anadarko Perú proyecta perforar durante el segundo trimestre de 2027 su primer pozo exploratorio en el Lote Z-62, dentro de la denominada Cuenca Trujillo. El paso supone ingresar al tercer periodo exploratorio de un proyecto que comprende los lotes Z-61, Z-62 y Z-63, frente a las costas de La Libertad y Lambayeque.
La decisión empresarial ya está tomada, pero la perforación todavía depende de permisos y certificaciones. Perupetro informó el 3 de septiembre de 2026 que Anadarko viene gestionando las autorizaciones ambientales y proyecta obtener la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental en diciembre de este año.
El anuncio abre dos lecturas contrapuestas. Para Perupetro y el sector energético, los resultados obtenidos mediante sísmica marina justifican avanzar hacia una perforación que permitirá determinar si existen acumulaciones comercialmente aprovechables de petróleo o gas.
Para organizaciones de pescadores del norte y sectores que cuestionan el proyecto, el avance incrementa las preocupaciones sobre los posibles efectos que una futura industria petrolera podría generar sobre la pesca artesanal, la biodiversidad y actividades como la maricultura.
El conflicto no es nuevo. Un documento oficial del Ministerio de la Producción reconoce que gremios pesqueros de Salaverry, en La Libertad, y Santa Rosa y San José, en Lambayeque, han manifestado oposición a las actividades de hidrocarburos en estos lotes. El mismo documento registra que el Consejo Regional de La Libertad aprobó en 2024 un acuerdo contrario al proyecto.
Y sobre la compañía pesa, además, una historia internacional que resulta relevante cuando el debate gira precisamente alrededor del riesgo ambiental. En Estados Unidos, Anadarko Petroleum y subsidiarias relacionadas con Kerr-McGee protagonizaron uno de los mayores acuerdos ambientales de la historia de ese país: US$5.150 millones, más intereses, dentro del litigio derivado de los pasivos ambientales que quedaron vinculados a Tronox.
Esto permite es examinar con mayor atención una pregunta que será central durante los próximos meses: ¿qué garantías ambientales tendrá la primera perforación exploratoria de Anadarko frente al litoral liberteño?
DEL ESTUDIO SÍSMICO AL PRIMER POZO
Los contratos de los lotes Z-61, Z-62 y Z-63 fueron aprobados en 2017. Se encuentran en el zócalo continental frente a La Libertad y Lambayeque. Actualmente Anadarko Perú opera los tres bloques y forma parte del grupo Occidental Petroleum (OXY), que adquirió Anadarko Petroleum en 2019.
El salto que ahora prepara la compañía es significativo. Entre mayo y julio de 2024 ejecutó una campaña de adquisición sísmica marina 3D sobre 6.018 kilómetros cuadrados. Perupetro la califica como el mayor registro de este tipo realizado en la costa del Pacífico.
Mediante ondas acústicas y el procesamiento de la información obtenida del subsuelo, las compañías buscan identificar estructuras geológicas que puedan contener hidrocarburos. Los resultados obtenidos convencieron a Anadarko de avanzar al tercer periodo exploratorio.
Ese es el momento en el que la información geológica debe enfrentarse a una prueba física: perforar. Perupetro señala que el primer pozo deberá ejecutarse en el Lote Z-62 durante el segundo trimestre de 2027. Solo entonces podrá determinarse con mayor certeza qué existe debajo del fondo marino.
Por eso resulta prematuro hablar de un “yacimiento petrolero” descubierto frente a La Libertad. Hay prospectos e indicios que justifican continuar explorando. No existe todavía, sobre la base de la información pública revisada, una declaración de descubrimiento comercial que permita afirmar cuánto petróleo o gas podría producirse.
ANTES DE PERFORAR NECESITA APROBACIÓN AMBIENTAL
El calendario tiene otro hito previo: diciembre de 2026. Perupetro informa que la empresa viene gestionando permisos y certificaciones ambientales con la expectativa de obtener para entonces la aprobación de su instrumento ambiental correspondiente a la etapa de perforación.
Esto también debe distinguirse del permiso que tuvo la operación sísmica. El Ministerio de la Producción registra que el 17 de noviembre de 2023, mediante la Resolución Directoral N.° 0246-2023-MINEM/DGAAH, fue aprobada la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de adquisición sísmica marina 3D para los lotes Z-61, Z-62 y Z-63.
Aquella certificación correspondía a la actividad sísmica. La perforación del pozo constituye otra etapa y requiere su propia evaluación y autorizaciones correspondientes. Lo anunciado es una perforación exploratoria.
Si el pozo encuentra hidrocarburos, todavía deberá evaluarse la cantidad, características, viabilidad económica y condiciones ambientales antes de que eventualmente pueda plantearse un desarrollo comercial.
LOS PESCADORES YA SALIERON A LAS CALLES
La oposición al proyecto comenzó mucho antes del anuncio del pozo. En mayo de 2024, mientras se desarrollaba la campaña sísmica, Perupetro registró movilizaciones de pescadores en Lambayeque.
Un informe institucional consigna una “Cadena Humana para proteger el mar en Lambayeque”, en la que participaron aproximadamente 300 pescadores de Santa Rosa y 150 de San José. También registra una reunión en la Municipalidad Distrital de Salaverry para tratar el conflicto con pescadores artesanales por la actividad sísmica.
En septiembre de ese mismo año se produjo otra movilización en Chiclayo. CooperAcción reportó la participación de la Federación de Pescadores Unificados del Norte del Perú, asociaciones de armadores, pescadores y maricultores de Santa Rosa y San José y otras organizaciones. Los manifestantes expresaron temor por los posibles impactos de la exploración y una eventual explotación de hidrocarburos sobre sus actividades económicas.
Las protestas continuaron. En febrero de 2025, dirigentes pesqueros realizaron otra manifestación en la playa Santa Rosa bajo la campaña “Pesca sí, petróleo no”.
LA LIBERTAD APROBÓ UN ACUERDO CONTRA LA EXPLORACIÓN
La controversia llegó igualmente al Consejo Regional de La Libertad. En agosto de 2024 fue aprobado el Acuerdo Regional N.° 000136-2024-GRLL/CR. Mediante ese acuerdo las autoridades regionales aprobaron el rechazo a la exploración petrolera de Anadarko en el mar liberteño y solicitaron una evaluación exhaustiva del impacto ambiental. La posición regional no detuvo los contratos ni la actividad exploratoria.
La discusión se concentra en los riesgos potenciales. CooperAcción ha advertido sobre posibles impactos de la exploración y explotación petrolera sobre ecosistemas marinos y actividades pesqueras. La organización sostiene que los lotes abarcan aproximadamente 18.600 km², con profundidades que oscilan entre 150 y 2.400 metros. Los pescadores han planteado preocupaciones sobre peces, bancos naturales, áreas de pesca y proyectos de maricultura.
EL ANTECEDENTE DE US$5.150 MILLONES
El pasado corporativo de Anadarko, sin embargo, es considerable. En 2014, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció un acuerdo por US$5.150 millones con Kerr-McGee Corporation, determinadas compañías relacionadas y su matriz Anadarko Petroleum Corporation. El caso surgió de la quiebra de Tronox, empresa creada después de que Kerr-McGee separara parte de sus negocios.
La justicia estadounidense concluyó que Kerr-McGee había transferido activos mediante una operación fraudulenta que dejó a Tronox con enormes obligaciones ambientales y sin suficientes recursos para asumirlas. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) resume que el tribunal encontró responsables a Kerr-McGee y compañías relacionadas, subsidiarias de Anadarko, por daños calculados inicialmente dentro de un rango de aproximadamente US$5.200 millones a US$14.200 millones. Posteriormente se alcanzó el acuerdo por US$5.150 millones.
El Departamento de Justicia lo presentó entonces como la mayor recuperación obtenida para la limpieza de contaminación ambiental en la historia de esa institución. El destino del dinero permite comprender la magnitud ambiental del caso.
De los US$5.150 millones, las autoridades estadounidenses estimaron que más de US$4.400 millones serían destinados a gobiernos, la Nación Navajo y fondos ambientales creados para limpiar propiedades contaminadas. Otros cientos de millones estaban destinados a víctimas por daños asociados.
Entre los pasivos involucrados había antiguos sitios relacionados con minería de uranio, procesamiento de torio radioactivo, tratamiento de madera con creosota y fabricación de perclorato. Uno de los montos previstos alcanzaba aproximadamente US$985 millones para trabajos relacionados con minas de uranio abandonadas en territorio de la Nación Navajo. La EPA señala que Anadarko finalmente pagó los US$5.150 millones más intereses al fideicomiso correspondiente el 23 de enero de 2015.
Existe un segundo antecedente internacional. Anadarko tenía una participación del 25 % en el bloque Mississippi Canyon 252, donde se encontraba el pozo Macondo, escenario del desastre de Deepwater Horizon ocurrido en abril de 2010. El Departamento de Justicia incluyó a Anadarko Exploration & Production LP y Anadarko Petroleum Corporation entre los demandados civiles por el derrame.
En 2011, Anadarko alcanzó además un acuerdo con BP por el cual pagó US$4.000 millones y transfirió a BP su participación del 25 % en el bloque. El antecedente judicial continuó. En noviembre de 2015, una corte federal estadounidense impuso a Anadarko una penalidad civil de US$159,5 millones bajo la Clean Water Act por su condición vinculada al pozo del que se produjo la descarga.
Existe, además, un cambio corporativo que no puede omitirse. Occidental Petroleum (OXY) adquirió Anadarko Petroleum en 2019, por lo que la actual Anadarko que opera los lotes peruanos pertenece al grupo Occidental. CooperAcción también identifica actualmente a Anadarko como subsidiaria de OXY.
