TRUJILLO, LA LIBERTAD. La minería ilegal e informal está modificando su distribución territorial en el Perú. Los focos de extracción que durante años estuvieron asociados principalmente con Madre de Dios, Puno, Arequipa y La Libertad ahora se extienden hacia nuevas provincias, cuencas amazónicas y corredores de transporte de minerales.
La expansión alcanza territorios de Cusco, Apurímac, Cajamarca, Piura, Loreto, Huánuco y Amazonas, según los registros de intervenciones y reportes citados en la información analizada.
El fenómeno no se limita a la apertura de nuevos puntos de extracción. También comprende actividades de procesamiento, traslado y comercialización de minerales, especialmente oro, que pueden conectar territorios distantes mediante redes económicas y logísticas.
Para el analista Iván Arenas, el país enfrenta una transformación del mapa de la minería informal e ilegal, impulsada tanto por la disponibilidad de recursos minerales como por los incentivos económicos de estas actividades. “La minería ilegal no solo ha ampliado la frontera geográfica y no solo se ha consolidado en corredores ilegales, sino que nuevos minerales se han sumado a la informalidad e ilegalidad”, sostiene.
PATAZ Y LA EXPANSIÓN HACIA CAJAMARCA
La Libertad constituye uno de los principales territorios de preocupación por la presencia de actividades mineras ilegales, especialmente en la provincia de Pataz. Sin embargo, el problema comienza a adquirir una dimensión interregional.
La información recopilada señala que desde Pataz se han producido desplazamientos de personas vinculadas con actividades mineras hacia Cajamarca, donde se identifican nuevos focos de extracción y operaciones de control. Entre las provincias cajamarquinas mencionadas figuran Cajabamba, Hualgayoc y San Ignacio.
Durante 2025, según los registros citados, se realizaron más de 200 intervenciones contra la minería ilegal en Cajamarca. Esta cifra refleja la intensidad de las acciones de fiscalización y control, aunque no permite determinar por sí sola cuántas operaciones ilegales permanecen activas ni establecer el volumen de mineral extraído.
Tampoco demuestra que todas las actividades detectadas en Cajamarca estén vinculadas con organizaciones procedentes de Pataz. Lo que sí revela es la necesidad de analizar el problema más allá de los límites de una sola región.
PIURA: MOLINOS Y PROCESAMIENTO ILEGAL DE ORO
En Piura, las intervenciones fiscales muestran la presencia de instalaciones utilizadas para procesar material aurífero. Uno de los puntos identificados es Suyo, en la provincia de Ayabaca, donde, según la información proporcionada, una operación realizada en marzo permitió destruir ocho molinos, seis motores diésel, tres motobombas y pozas empleadas en el procesamiento de minerales.
La presencia de estos equipos evidencia que la problemática no se restringe a la extracción directa, sino que también involucra infraestructura para transformar el material obtenido.
Un informe presentado ante el Congreso identifica actividad minera ilegal en distintos sectores de Piura, entre ellos Tambogrande, Las Lomas, Suyo, Sapillica, Paimas, Jililí y Lancones. La dispersión de estos puntos plantea dificultades para la vigilancia y fiscalización, particularmente cuando las actividades se desarrollan en zonas alejadas o de acceso complejo.
CUSCO Y APURÍMAC: NUEVOS FOCOS EN EL SUR
La expansión también se registra en el sur del país. En Cusco se han reportado actividades de explotación ilegal en sectores de Paucartambo, incluido el cauce del río Pumachaca, así como en Camanti, provincia de Quispicanchi, y Colquemarca, en Chumbivilcas.
En Apurímac, la atención se concentra especialmente en la provincia de Aymaraes, donde se han identificado actividades mineras a tajo abierto que, según los reportes citados, carecerían de las autorizaciones y medidas de manejo ambiental correspondientes.
Entre enero de 2024 y mayo de 2026 se contabilizaron 21 casos vinculados con presunta minería ilegal en Aymaraes, de acuerdo con los registros policiales mencionados. Estos reportes dan cuenta de investigaciones o intervenciones relacionadas con posibles actividades ilícitas; no equivalen necesariamente a 21 condenas judiciales ni a 21 organizaciones criminales identificadas.
Iván Arenas atribuye parte de la expansión en Cusco y Apurímac a las condiciones geológicas de ambos territorios y al atractivo económico de la minería. El especialista señala que Cusco se encuentra dentro del ámbito de la formación Ferrobamba, mientras que Apurímac forma parte de una importante zona de recursos cupríferos.
A ello se suma, según su interpretación, una expectativa de enriquecimiento rápido vinculada con la actividad minera. El analista describe este fenómeno como una “fiebre por hacerse rico”, que se desarrolla en un contexto de debilidad y desorganización estatal.
LORETO: 704 REGISTROS DE DRAGAS EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS
La Amazonía representa otro de los principales escenarios de expansión. En Loreto, la minería aurífera mediante dragas ha adquirido una presencia creciente en distintas cuencas fluviales.
Un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), citado en la información proporcionada, identificó 1,518 registros históricos de dragas entre 2017 y 2026. De ese total, 704 corresponden a 2025 y 2026, lo que representa aproximadamente el 46 % de los registros acumulados durante el periodo analizado. La actividad alcanza 13 ríos amazónicos de Loreto, entre ellos el Nanay, Marañón, Tigre, Mazán, Napo y Putumayo.
La utilización de dragas plantea riesgos para los ecosistemas acuáticos y para las poblaciones que dependen de los ríos. Sin embargo, para dimensionar los impactos ambientales específicos de cada cuenca se requieren evaluaciones técnicas y resultados de monitoreo.
HUÁNUCO Y AMAZONAS TAMBIÉN APARECEN EN EL MAPA
Los reportes citados identifican actividades presuntamente ilegales en la provincia de Puerto Inca, en Huánuco. Entre los puntos mencionados figuran el sector Samiri-Paucarcito y el río Pachitea. Amazonas también presenta señales de expansión, aunque la información disponible no precisa localidades, número de intervenciones ni volúmenes de extracción.
Por ello, no es posible establecer con los datos proporcionados la magnitud de la actividad en esta última región ni compararla directamente con los registros de Loreto o Cajamarca.
Uno de los principales planteamientos de Iván Arenas es que la minería ilegal debe entenderse como una actividad económica articulada en distintas etapas. No se trata únicamente de personas que extraen minerales sin autorización.
El analista describe cadenas en las que intervienen productores, compradores, plantas de procesamiento, transportistas, financiadores y otros actores que facilitan la circulación y comercialización del mineral. “Siempre hay un productor y hay un comprador; los modelos al final tienen diferencias entre actores o financiadores”, explica.
Según Arenas, algunas redes también recurrirían a mecanismos de ocultamiento del origen de los recursos y a la colaboración de funcionarios corruptos. El especialista sostiene que determinadas plantas de procesamiento pueden financiar operaciones extractivas y que existen estructuras que facilitarían el lavado de activos.
Estas afirmaciones describen posibles mecanismos de funcionamiento de economías ilegales, pero no implican que todas las plantas, empresas de servicios o personas vinculadas con la actividad minera participen en delitos.
Arenas menciona el caso de la organización conocida como “Gran FA”, vinculada en las investigaciones referidas con actividades en la provincia de Otuzco, La Libertad. Según el analista, entre las personas relacionadas con esa estructura habrían figurado integrantes de instituciones como la Policía y el sistema de justicia.
Para Arenas, la corrupción constituye un elemento recurrente en los distintos modelos de minería ilegal. El especialista advierte sobre riesgos en zonas donde existen proyectos u operaciones formales, como Pataz, Fuerabamba y Tapairihua. La coexistencia de actividades formales e ilegales en territorios próximos plantea desafíos para la seguridad, la supervisión ambiental y la protección de las operaciones autorizadas. Sin embargo, Arenas precisa que las características de cada corredor son diferentes. “No es lo mismo el desarrollo de una cadena productiva ilegal aurífera en Pataz que en Madre de Dios”, señala.
Las diferencias pueden estar relacionadas con los métodos de extracción, la geografía, la infraestructura, el tipo de mineral y la organización de las actividades económicas. Por ello, las intervenciones estatales requieren diagnósticos adaptados a las características de cada territorio.
