MOQUEGUA, PERÚ. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, se encuentra en el centro de cuestionamientos por autorizar una transferencia de S/ 6,6 millones de recursos públicos destinada a financiar estudios para modificar el plan de cierre de la unidad minera Florencia-Tucari, perteneciente a Aruntani S.A.C., empresa de la que fue gerente general.
La controversia surge por la relación laboral que mantuvo Shinno con la compañía entre 2019 y 2022, antes de asumir la conducción del Ministerio de Energía y Minas (Minem) el 28 de julio de 2026. El ministro también estuvo vinculado al grupo empresarial Apucorp y, en mayo de 2025, participó en la defensa de la posición de Aruntani ante el Tribunal Constitucional frente a cuestionamientos ambientales.
La transferencia de fondos públicos ha generado interrogantes sobre la participación del actual ministro en decisiones administrativas relacionadas con una empresa con la que mantuvo vínculos profesionales.
La viceministra de Minas, Mayra Figueroa, sostuvo que la asignación de los S/ 6,6 millones responde a una autorización contemplada en la ley de presupuesto. Según explicó, el financiamiento corresponde a una etapa inicial de estudios y no representa el costo total de los trabajos de cierre y remediación de la unidad minera.
La funcionaria también señaló que todavía no se ha establecido el monto definitivo que Aruntani deberá reconocer al Estado por las intervenciones correspondientes. La transferencia está destinada a financiar estudios para modificar el plan de cierre de Florencia-Tucari.
La unidad minera Florencia-Tucari inició sus operaciones de explotación de oro el 4 de marzo de 2005 en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua. Sus actividades han sido objeto de investigaciones y procedimientos de fiscalización ambiental por los efectos registrados en cuerpos de agua de la zona.
De acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas, un informe de causalidad elaborado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en 2021 estableció una relación causal entre las actividades de la unidad minera y la afectación del río Coralaque.
También se han reportado cuestionamientos por presuntos impactos en las quebradas Margaritani, Apostoloni, Tucarirani y Titire. Entre las localidades mencionadas por las afectaciones ambientales se encuentran Carumas, Chojata, San Cristóbal, Quinistaquillas, Omate y Pachas.
Pobladores de estas zonas han denunciado consecuencias para sus actividades agrícolas y ganaderas. Uno de los testimonios recogidos señala que, de aproximadamente 300 hectáreas utilizadas anteriormente, solo unas 15 continuarían siendo aprovechables.
Los incumplimientos ambientales atribuidos a Aruntani también dieron lugar a procedimientos sancionadores. Según los antecedentes difundidos, el OEFA impuso multas que, en conjunto, superan los S/ 128 millones. Estas sanciones corresponden a infracciones ambientales identificadas por la autoridad fiscalizadora.
En 2019, el Ministerio de Energía y Minas determinó el incumplimiento de obligaciones relacionadas con el plan de cierre de Florencia-Tucari y procedió a ejecutar garantías por más de US$ 8 millones. De acuerdo con la explicación del sector, esos recursos cubrían determinadas actividades de clausura, pero no la totalidad de las intervenciones de cierre progresivo. El costo total estimado del cierre fue situado en aproximadamente US$ 17,5 millones.
Posteriormente, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) presentó un proyecto de remediación ambiental de la unidad minera con una inversión estimada de S/ 1.114 millones. Se trata de montos correspondientes a conceptos y etapas diferentes: garantías ejecutadas, costos estimados de cierre, estudios técnicos y un proyecto de remediación de mayor alcance.
El aspecto central de los cuestionamientos es la participación de Guillermo Shinno en una decisión relacionada con Aruntani, compañía en la que anteriormente ocupó la gerencia general. A ese antecedente se suma su participación profesional en asuntos relacionados con la empresa durante 2025. Guillermo Shinno también respondió a los cuestionamientos. Según informó Gestión, el ministro sostuvo que la transferencia obedeció a un mandato legal previo y declaró: “Es un mandato de la ley. Lo único que hice es cumplir con la ley; si no, estaría omitiendo mis obligaciones”.
