POR ROSA BENITES GOICOCHEA (artista visual y gestora cultural)
“Así es la vida del artista… así es la vida del artista”, es la frase que lanza de manera irónica y coloquial un amigo, que la broma la tiene a flor de piel, cada vez que se presenta una situación complicada que enfrenta un hombre o mujer del arte. Las risas no se dejan esperar. Y es que el sentido del artista es poco comprendido en esta sociedad. Su trabajo y legado es infravalorado. Me pasó a mí y les pasa a varios colegas. ¿A qué te dedicas?, suelen preguntarme en reuniones sociales. “Soy artista”, les contestó y, como si eso no significara nada, inmediatamente, sin desparpajo, preguntan: ¿Pero en qué trabajas? Es allí que a mi mente viene uno de los tantos artistas que hizo de su vocación una vida, como lo hace cualquier profesional, y cuya muerte no fue solamente una tragedia personal, sino también la expresión de un sistema que reconoce la obra ( a veces ni eso), pero no protege a quien la crea.
Carlos Chávez Alvarado, artista visual, curador independiente y gestor cultural afincado en Trujillo, desarrolló múltiples tareas y proyectos sin contar con un sueldo u honorario fijo, mucho menos con una pensión, un seguro de salud o algún otro mecanismo de protección social. Murió joven, dejándonos numerosas lecciones sobre las cuales quisiera detenerme en este artículo.
Y es que para desarrollar una actividad artística en el Perú no solamente se necesita talento, tiempo y entusiasmo; sobre todo, se requiere una coraza y el temple necesario para enfrentar toda clase de adversidades: enfermedades, desidia, ignorancia, inestabilidad económica, ausencia de un salario y, peor aún, la imposibilidad de trabajar de manera permanente en el propio oficio. A ello se suma, muchas veces, el encuentro con instituciones y escuelas de arte obsoletas y mediocres, además de otras taras que parece condenarnos al abandono y al atraso. Sin embargo, y muy a pesar de todo ello, persistir en la tarea, en las convicciones y en los ideales.
Carlos vivió de ese modo. Contra viento y marea desarrolló su actividad artística y sus proyectos; promovió el trabajo de muchos amigos y colegas, tanto de Trujillo como de otras ciudades del país, y contribuyó activamente al desarrollo cultural. Como él, miles de artistas de distintas disciplinas y oficios ejercen su actividad esperando algún reconocimiento o respaldo, aunque muchas veces tengan la certeza de que solo recibirán indiferencia y una nueva puerta cerrada.
A lo largo de los años he sido testigo —y también he vivido en carne propia— de innumerables sinsabores vinculados a esta profesión. Vivir del arte en el Perú significa, muchas veces, permanecer en un estado de incertidumbre diaria: trabajar sin estabilidad, enfermarse sin protección o, sencillamente, sobrevivir en el intento. El trabajo artístico así, suele caracterizarse por la intermitencia, la informalidad, los ingresos variables, la ausencia de contratos y la falta de protección frente a cancelaciones, incumplimientos y pagos tardíos. A ello se suma la necesidad de ejercer simultáneamente varios oficios, hasta los menos pensados, para poder subsistir.
¿Existe una ley que garantice un seguro integral de salud para quienes viven del arte?, ¿existe un sistema de pensiones compatible con los ingresos intermitentes del trabajo artístico?, ¿contamos con normas que aseguren contratos, pagos oportunos y derechos laborales efectivos? El Perú no carece por completo de normas relacionadas con la actividad artística. Existen disposiciones para determinados sectores, como la Ley # 28131Ley del Artista Intérprete y Ejecutante, https://www.gob.pe/64225-ley-del-artista-interprete-y-ejecutante-ley-n-28131 además de leyes e incentivos dirigidos a ámbitos específicos. Sin embargo, el país continúa sin contar con un sistema integral, efectivo y universal de protección para quienes viven del arte y la cultura.
Las medidas que verdaderamente se necesitan son: acceso a salud y pensiones, contratos mínimos, protección frente a la informalidad, beneficios tributarios y mecanismos eficaces contra los incumplimientos laborales; esas iniciativas urgentes aún siguen pendientes.
En un estudio realizado entre el Ministerio de Cultura del Perú y la UNESCO, publicado en septiembre de 2024: “El arte y la cultura en el Perú: caracterización de las condiciones laborales y socioeconómicas”, elaborado a partir de 4,348 registros válidos recogidos mediante el Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de la Cultura y las Artes (RENTOCA) durante el año 2023, arroja cifras preocupantes, las cuales no han sido tomadas en cuenta por las autoridades.
Así, en el estudio, se indica que el 86 % de los trabajadores de las artes y la cultura señalan que trabajaban de manera independiente y, dentro de ese grupo, el 91 % lo hacía sin contrato, mediante acuerdos verbales de pago o recibiendo aportes voluntarios. Más del 80 % se encontraba en situación de informalidad laboral y más del 76 % no estaba afiliado a ningún fondo de pensiones. Asimismo, el 11,04 % no contaba con cobertura de salud.
La precariedad también se refleja en los ingresos: durante 2022, el promedio anual obtenido por la principal actividad artística o cultural fue de apenas S/ 5.334, mientras que casi la mitad de las personas consultadas percibió menos de S/ 3.000 al año (¡sí, al año!) por ese trabajo. A esta situación se suma la escasa organización colectiva y protección de las creaciones: el 93,58 % no pertenecía a ningún gremio o sindicato y solo el 2,81 % había registrado sus obras para proteger sus derechos de autor.
La historia de Carlos Cháve Alvarado adquiere todavía mayor significado al observar las cifras correspondientes a las artes visuales, ámbito en el que desarrolló su trayectoria. Según el mismo estudio, las artes visuales —sector que, para efectos de esta investigación, incluye también a la artesanía— registraron el ingreso promedio anual más bajo entre todos los sectores culturales analizados: apenas S/ 3.962 durante 2022. A ello se suma que el 89,06 % de las personas registradas en este sector no estaba afiliado a ningún sistema de pensiones y el 71,98 % no tenía acceso a servicios bancarios.
Estos datos confirman que la precariedad que acompañó la trayectoria de Carlos no fue una experiencia aislada. Su realidad se parece a la de muchos artistas de distintas disciplinas que han trabajado durante años bajo esas condiciones. La pandemia hizo todavía más visible esta situación: la suspensión de actividades, el cierre de espacios culturales y la pérdida repentina de ingresos dejaron a numerosos artistas sin respaldo y obligaron a muchos a abandonar temporalmente su oficio o buscar otras formas de subsistencia.
Las conclusiones del estudio del MINCULT – UNESCO nos demuestra la necesidad de la implementación de estrategias específicas para mejorar la protección social y las condiciones laborales de quienes trabajan en las artes. Asimismo, recuerdan la vigencia de la Recomendación de la UNESCO relativa a la Condición del Artista, de 1980, https://www.unesco.org/creativity/es/1980-recommendation-concerning-status-artist, que “insta a los Estados miembros a mejorar la situación profesional, social y económica de los artistas mediante la aplicación de políticas y medidas relacionadas con la formación, la seguridad social, el empleo, los ingresos y las condiciones impositivas, la movilidad y la libertad de expresión…” Ante todos estos datos y diagnóstico planteados, existía ya una dirección para organizar las políticas públicas en ese sentido; por lo que nos preguntamos, si estas eran las necesidades más urgentes de los artistas peruanos, ¿era realmente prioritario crear un colegio profesional?
¡EL COLEGIO NO VA MÁS!
Como dato, somos el primer país en el mundo en crear un colegio de esta índole. Y en un país donde prevalece la precariedad y abandono en su sector artístico, donde abundan los problemas a resolver, la creación de un colegio profesional cuyas exigencias para incorporarse son presentar un título profesional o una licenciatura en Arte o Educación Artística, expedido por una escuela superior de formación artística, instituto o universidad; además de pagar los derechos de incorporación y tasas correspondientes; entre otros requisitos que detallaremos a continuación, ¿por qué la respuesta legislativa fue crear un colegio profesional y no garantizar derechos laborales?
La promulgación de la Ley N.° 32645 – Ley Colegio Profesional de Artistas, https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2525534-1, fue publicada el 13 de junio de 2026 y surgió de la acumulación de cinco proyectos. Entre los autores de los proyectos acumulados figuran los excongresistas Alejandro Soto, Eduardo Salhuana, Flavio Cruz y Waldemar Cerrón. El dictamen fue aprobado por el Pleno del Congreso el 30 de abril de 2026, con 83 votos a favor, cuatro en contra y una abstención.
Esta ley “creada como una institución autónoma de derecho público interno, con capacidad para representar a sus integrantes, participar en órganos consultivos del Estado, emitir opiniones sobre asuntos artísticos y “ordenar y supervisar” el ejercicio profesional de las disciplinas artísticas”, menciona en sus diveresos artículos 2. Fines del Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP), menciona como principales fines: a) Representar y defender los intereses profesionales de sus colegiados. b) Ordenar y supervisar el ejercicio profesional de las disciplinas artísticas.e) Participar en órganos consultivos de la Administración Pública en materias vinculadas al arte.
Asimismo, en el Artículo 3, entre los requisitos para la colegiación, menciona: “a) Presentar el título profesional o título de licenciado en arte o en educación artística, emitido por escuelas superiores de formación artística, institutos o universidades. En el caso de títulos expedidos en el extranjero, se exige su previa revalidación o reconocimiento conforme a la normativa vigente. b) Abonar los derechos correspondientes a la incorporación”.
En el estudio mencionado líneas arriba (MINCULT – UNESCO: “El arte y la cultura en el Perú: Caracterización de las condiciones laborales y socioeconómicas de los trabajadores culturales y de las artes”), se lee en el ítem Educación y formación: “Se evidencia una fuerte prevalencia del aprendizaje autodidacta y de la formación a través de la tradición familiar o comunal.
Las bajas tasas de formación en escuelas de arte o universidades podrían reflejar limitaciones en el acceso, escasez de organizaciones formativas o, en cierta medida, una desconexión entre los mecanismos de aprendizaje de los trabajadores culturales y el sistema de certificación, formación y educación formal. Se evidencia una relación entre el nivel de ingresos y tipo de aprendizaje en la actividad artística o cultural. Quienes tienen formación por escuela de artes, institutos o universidades tienden a recibir mayores ingresos que aquellos que aprendieron por tradición familiar o de forma autodidacta”; por lo que aquí aparece una de las principales contradicciones de la norma; pues el hecho de haber recibido formación universitaria o en una escuela de arte no significa necesariamente contar con el título profesional o la licenciatura exigidos por la nueva ley. Por ello, estos porcentajes no permiten calcular exactamente cuántas personas podrían colegiarse. Se excluye de la membresía del Colegio a numerosos artistas autodidactas, tradicionales, populares y comunitarios, así como a creadores con una amplia trayectoria que no poseen una acreditación académica. Y ejemplos de esto hay también miles.
Los datos disponibles muestran que buena parte de los trabajadores culturales ha adquirido sus conocimientos mediante rutas distintas a la formación académica convencional, ya que el 57.06 % declaró haber aprendido de manera autodidacta. El 50.69 % señaló haber aprendido mediante la tradición familiar o comunal. El 5.66 % mencionó formación en escuelas de arte. El 4.51 % indicó formación universitaria. La mayoría de los trabajadores culturales en el Perú han adquirido sus conocimientos de forma autodidacta o por tradición familiar o comunal. Por lo que, si la colegiación se vuelve obligatoria y exige título universitario, se estaría dejando fuera de la formalidad institucional a más del 85 % de los trabajadores actuales del sector.
¿Puede una institución integrada exclusivamente por personas con determinados títulos presentarse como referente profesional de un sector cuya formación, práctica y experiencia son profundamente diversas? Además surge otro cuestionamiento: ¿en un futuro, la colegiatura podría convertirse en un requisito indirecto para acceder a contratos, consultorías, convocatorias, fondos públicos, cargos docentes o espacios de representación?. Esto claramente podría llegar a establecerse.
Cabe resaltar, además, que esta ley nació sin un proceso amplio, público y descentralizado de consulta con los artistas y trabajadores del sector y sin que antes se promoviera un verdadero debate nacional sobre sus alcances y consecuencias. Tampoco se escuchó suficientemente a la diversidad de artistas autodidactas, tradicionales, populares, comunitarios y profesionales que desarrollan su labor en realidades profundamente distintas. Esta institución fue creada sin la participación de quienes sostienen la actividad artística y cultural del país.
Mientras miles de artistas trabajan sin contrato, pensión, seguro de salud ni ingresos estables, la nueva ley ofrece colegiaturas, cuotas, órganos directivos, un código de ética y un régimen disciplinario. El Estado ha reconocido la existencia de un problema, pero ha planteado una respuesta que no atiende sus causas más profundas.
ACCIONES POR LA DEROGATORIA
Ante esta situación, y en distintas regiones del país se viene articulando la campaña nacional #ArtistasNoSeColegian, que exige la derogatoria de la Ley N.° 32645 y defiende la diversidad de las prácticas artísticas, la libertad de creación y los derechos culturales. La campaña ha reunido a artistas, colectivos, organizaciones y trabajadores de la cultura mediante pronunciamientos, foros públicos, jornadas poéticas, intervenciones artísticas, acciones en redes sociales y apariciones en medios de comunicación. Viene circulando un pronunciamiento nacional con más de 1.200 adhesiones a la fecha: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZy-6L1s8VONmK46CM0PpzccExb-4HLtjZ_QWFCMdPqqTLKQ/alreadyresponded y se han impulsado iniciativas en Lima, Chimbote, Cusco, Puno y otras regiones para visibilizar, mediante acciones legales, estrategias de comunicación y acciones públicas de protesta, que esta ley es nociva para la democracia, los derechos culturales de la población peruana y las condiciones laborales de los trabajadores de las artes y las culturas.
Se ha presentado ante el Congreso una iniciativa que propone derogar íntegramente la Ley N.° 32645. Sin embargo, la derogatoria no dependerá únicamente de la presentación de un proyecto de ley, sino de la capacidad del propio sector para organizarse, sostener el debate público y convertir una preocupación dispersa en una demanda nacional.
EL ARTE Y LA CULTURA COMO “ADORNO”
Desde Trujillo y La Libertad también hemos comenzado a organizarnos. Tuvimos una primera reunión para analizar los principales alcances de la ley, se trata todavía de un proceso inicial, pero también necesario. El siguiente paso será una reunión presencial abierta, programada para el miércoles 12 de agosto, a la que están convocados artistas, colectivos, docentes, estudiantes, gestores culturales, trabajadores de las artes y ciudadanía interesada. Se espera que este encuentro permita sumar más voces, recoger distintas posiciones y definir acciones frente a una ley que afecta al conjunto del sector.
El propósito de esta iniciativa no solo es lograr que se derogue la ley, sino también que el arte y la cultura dejen de ser vistos como un “adorno”. Y allí surgen dos recuerdos. Uno de ellos es la actitud que desde un despacho congresal se me trasladó cuando la Comisión de Cultura del Parlamento iba a realizar una reunión en Trujillo. “Rosita, ¿tendrás amigos artistas que puedan prestar sus obras para colocar en la sala de la reunión y así se vea todo bonito?”, fue lo que un asesor de un congresista me preguntó. Ni un sol de por medio. Lo segundo es lo que surgió desde la empresa privada. Al dueño de una pizzería no se le ocurrió mejor idea que ofrecer su espacio de su local para que los artistas expongan sus obras. Meses y meses lienzos colgados, siendo la atracción del local comercial, pero sin recaudar ni un sol para los autores de estas piezas.
Así volvemos al inicio. Carlos Chávez Alvarado, como tantos otros artistas, no necesitaba que una institución determinara si podía ser reconocido como artista. Necesitaba derechos, protección y condiciones dignas para desarrollar su trabajo y afrontar la enfermedad sin quedar abandonado. Esa es la deuda que el Estado mantiene con quienes sostienen la vida cultural del país.
Por eso, la derogatoria de la Ley N.° 32645 no debería entenderse como un rechazo a la organización ni a la formación profesional. Es la exigencia de comenzar por lo verdaderamente urgente y de construir cualquier política cultural con los artistas, no a sus espaldas. Dejar que el arte y la cultura sigan siendo simples “adornos”.
Fuentes consultadas:
*https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2525534-1
*https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-concerning-status-artist
