PERÚ. En un país donde la delincuencia, las extorsiones y los ataques violentos han convertido la seguridad ciudadana en una de las principales preocupaciones de la población, el Gobierno ha introducido una modificación importante en las reglas penales aplicables a la legítima defensa.
El domingo 8 de noviembre de 2026, el diario oficial El Peruano publicó, en una edición extraordinaria, el Decreto Legislativo N.º 1743, que modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal e incorpora una disposición al artículo 334 del Código Procesal Penal.
El cambio central consiste en establecer que, cuando una persona actúa en legítima defensa, se presume que utilizó racionalmente los medios necesarios para enfrentar la agresión. Si el Ministerio Público considera que esa actuación no fue racional, le corresponde demostrarlo.
La reforma también introduce reglas destinadas a evitar que una persona que actuó legítimamente para protegerse, proteger a terceros o defender bienes jurídicos permanezca sometida a una investigación penal cuando se hayan acreditado las condiciones que justifican su conducta.
No obstante, la norma plantea interrogantes sobre su aplicación práctica: ¿cómo se determinará que una agresión era real y actual?, ¿cuándo estará justificado el uso de fuerza letal?, ¿qué pruebas necesitará la Fiscalía para demostrar un exceso y qué ocurrirá cuando existan versiones contradictorias sobre los hechos?
LA PRESUNCIÓN DE RACIONALIDAD: EL CAMBIO PRINCIPAL
El artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1743 modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, que regula la exención de responsabilidad penal por legítima defensa. La disposición establece que está exento de responsabilidad penal quien actúa en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, mediante el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal, siempre que concurran las circunstancias previstas en la ley.
Entre ellas se encuentra la existencia de una agresión actual, ilegítima y real. La principal novedad aparece en la evaluación de la necesidad racional del medio utilizado para impedir o repeler esa agresión. La norma incorpora expresamente la siguiente regla: «Se presume que quien ejerce la legítima defensa ha actuado de modo racional frente a la agresión, correspondiendo al Ministerio Público demostrar lo contrario».
Esto introduce una protección específica para quien se defiende. Hasta ahora, uno de los aspectos centrales de la evaluación penal consistía en determinar si la respuesta defensiva había sido racional frente a la agresión. La nueva disposición mantiene ese examen, pero incorpora una presunción legal favorable a quien ejerció la defensa.
En consecuencia, la Fiscalía deberá sustentar con elementos probatorios su conclusión cuando considere que el medio empleado no fue racionalmente necesario. Sin embargo, existe una precisión fundamental: la presunción se refiere a la racionalidad de la respuesta, no a la existencia misma de una agresión. Por tanto, una persona no puede invocar automáticamente esta protección sin que se examinen las circunstancias que dieron origen al enfrentamiento.
¿SE PUEDE UTILIZAR FUERZA LETAL CONTRA UN DELINCUENTE?
La modificación reconoce expresamente que la legítima defensa puede comprender el uso de fuerza letal. Sin embargo, esto no significa que cualquier ataque, amenaza o delito autorice automáticamente a causar la muerte del agresor.
El empleo de fuerza letal debe examinarse dentro de los requisitos de la legítima defensa, especialmente la existencia de una agresión actual, ilegítima y real, así como la necesidad racional de impedirla o repelerla. La diferencia es importante.
Si una persona enfrenta una agresión violenta que pone en peligro su vida o integridad, la evaluación jurídica deberá considerar las condiciones concretas en las que actuó. Pero si la agresión ya terminó y la persona utiliza la fuerza para castigar, perseguir o vengarse del atacante, su conducta no queda automáticamente protegida por la legítima defensa.
La ley distingue entre defenderse de una agresión y ejercer violencia cuando el peligro ya ha desaparecido. Los jueces deberán evaluar la situación desde la perspectiva de quien se defendió. Otro cambio relevante es la forma en que deberá analizarse la racionalidad de la respuesta defensiva.
El decreto dispone que la evaluación se realice considerando la perspectiva de quien ejerció la defensa y las circunstancias existentes al momento de la agresión. Esto significa que el análisis no debe realizarse exclusivamente desde la tranquilidad de una revisión posterior, cuando ya se conocen todos los detalles del acontecimiento.
La autoridad deberá considerar factores como la intensidad y peligrosidad de la agresión, la conducta del atacante, los medios disponibles para defenderse y los bienes jurídicos amenazados. Por ejemplo, una persona sorprendida por un atacante armado puede tener apenas segundos para reaccionar.
La evaluación de su conducta debe considerar esa situación de peligro e incertidumbre, sin exigirle necesariamente una capacidad de análisis equivalente a la que tendría una autoridad que reconstruye los hechos días o meses después. Sin embargo, la norma también establece que la racionalidad no se presume de manera ilimitada.
La propia disposición señala que debe excluirse la proporcionalidad de medios como criterio automático y que corresponde valorar las circunstancias concretas de la agresión. Esto implica que no basta con comparar mecánicamente el objeto utilizado por el agresor con el medio empleado por quien se defiende. Lo determinante será establecer si la respuesta resultó racionalmente necesaria para impedir o repeler el ataque.
La Fiscalía tendrá que demostrar cuándo existió un exceso La nueva regla coloca sobre el Ministerio Público la responsabilidad de demostrar que una persona no actuó racionalmente cuando pretenda desvirtuar la presunción establecida por la ley. Esto puede adquirir relevancia en investigaciones donde el ciudadano que se defendió termina siendo investigado por lesiones u homicidio.
La Fiscalía deberá reconstruir los hechos, examinar los elementos materiales, recoger testimonios y determinar si la conducta investigada estuvo comprendida dentro de los límites legales. Entre los aspectos que pueden resultar relevantes se encuentran la secuencia del enfrentamiento, la existencia de armas, la ubicación de las personas, las lesiones, las grabaciones disponibles y las circunstancias en las que cesó la agresión.
LA PRESUNCIÓN LEGAL NO IMPIDE INVESTIGAR
Por el contrario, exige que cualquier conclusión contraria a la racionalidad de la defensa esté debidamente sustentada. También debe recordarse que el Ministerio Público ya tiene la carga de probar los hechos que sustentan una acusación penal, conforme a las garantías del debido proceso. La novedad consiste en la incorporación expresa de una presunción referida a uno de los requisitos de la legítima defensa.
Una decisión judicial que descarte la presunción deberá tener motivación reforzada El Decreto Legislativo N.º 1743 establece que toda resolución judicial que descarte la presunción de racionalidad requiere una motivación cualificada. La consecuencia prevista es especialmente significativa: si no se cumple esta exigencia, la resolución puede ser declarada nula.
La motivación cualificada supone que el órgano jurisdiccional deberá explicar de manera suficientemente rigurosa las razones jurídicas y probatorias por las que considera que la presunción no resulta aplicable. No bastará con afirmar de manera genérica que la persona utilizó una fuerza excesiva.
La decisión deberá examinar las circunstancias del caso y fundamentar por qué la respuesta defensiva no se encontraba justificada.
El decreto también incluye una disposición complementaria final referida a los casos que se encuentren en trámite. En ellos, las resoluciones judiciales que descarten la exención de responsabilidad penal por legítima defensa, en el extremo vinculado con la presunción de racionalidad, deberán cumplir la exigencia de motivación cualificada.
La disposición busca extender esa garantía a procedimientos que todavía no hayan concluido, dentro del alcance expresamente establecido por la norma.
La reforma no se limita a modificar el Código Penal. También incorpora un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 334 del Código Procesal Penal, referido a la calificación de denuncias. La nueva disposición establece que, cuando se investigue una posible actuación en legítima defensa, el fiscal deberá emitir un pronunciamiento definitivo sobre esa circunstancia. Si concurren los presupuestos legales, deberá declarar que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria y ordenar el archivo de lo actuado. Esta modificación busca evitar que las personas cuya actuación se encuentre justificada permanezcan sometidas a procesos penales prolongados.
En la práctica, podría permitir que determinados casos se resuelvan en una etapa temprana, sin necesidad de llegar a juicio. Pero existe un límite importante: el archivo no procede simplemente porque el investigado afirme que actuó en legítima defensa.
El fiscal deberá evaluar los elementos disponibles y determinar si efectivamente concurren los requisitos exigidos por la ley. Si existen circunstancias relevantes todavía no esclarecidas, la investigación deberá desarrollarse conforme a las reglas procesales aplicables. El decreto busca fortalecer la protección jurídica de quienes enfrentan agresiones ilegítimas. Su efectividad dependerá, sin embargo, de cómo sea interpretado y aplicado por fiscales y jueces.
