La obra que debería contribuir a proteger a Trujillo de nuevas inundaciones presenta retrasos que han encendido las alertas de la Contraloría General de la República. El proyecto de defensas ribereñas de la quebrada San Ildefonso, concebido para reducir los daños que podrían ocasionar lluvias intensas y activaciones de quebradas, registra una diferencia significativa entre los trabajos programados y los efectivamente ejecutados.
El Informe de Hito de Control N.° 14990-2026-CG/MPROY-SCC, emitido el 29 de septiembre de 2026, identifica una situación adversa relacionada con la postergación de obras definitivas y provisionales, así como con la ausencia de una instrucción que permita reiniciar determinados trabajos del paquete 5.
La advertencia es especialmente relevante porque el proyecto busca proteger zonas de los distritos de El Porvenir, Trujillo y Víctor Larco Herrera, territorios que han sufrido los efectos de inundaciones y desbordes. La Contraloría señala que estas circunstancias podrían afectar la continuidad del proyecto y comprometer el cumplimiento de su objetivo de protección ante el Fenómeno El Niño 2026-2027.
La diferencia entre lo previsto y lo ejecutado no es menor: mientras el cronograma establecía un avance físico acumulado del 99,42 %, la ejecución real alcanzaba el 78,27 %, según el informe semanal correspondiente al periodo del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2026.
El proyecto, identificado con el Código Único de Inversiones (CUI) 2446345, está bajo responsabilidad de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), entidad que asumió funciones vinculadas a las intervenciones originalmente gestionadas por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
De acuerdo con la información del Ministerio de Economía y Finanzas recogida por la Contraloría, el presupuesto de inversión actualizado alcanzaba los S/ 1.365.019.191,55, al 22 de septiembre de 2026.
La cifra contrasta con el presupuesto viable original de S/ 222.112.612. Es decir, el monto actualizado es aproximadamente 6,15 veces el inicialmente registrado. Al 9 de septiembre de 2026, el monto girado registrado ascendía a S/ 994.442.108. El informe también consigna una ejecución financiera acumulada equivalente al 72,85 % del costo actualizado. Estas cifras plantean una cuestión central para la fiscalización pública: ¿cómo se explica la evolución de los costos y qué resultados concretos ha obtenido la población con los recursos comprometidos?
La principal situación adversa identificada por la Contraloría se concentra en el paquete 5, correspondiente a estructuras de protección del río Moche, en sus tramos II y III. Según el informe, la culminación de obras definitivas y provisionales fue postergada en el marco de la Instrucción N.° 102. Además, el órgano de control advirtió que no se había emitido la instrucción necesaria para reanudar determinados trabajos.
El documento recoge comunicaciones entre la entidad, la gerencia del proyecto y los contratistas sobre las actividades pendientes, la programación de recursos y los plazos de ejecución. La relevancia del hallazgo radica en que estas obras forman parte de una solución integral. El proyecto no consiste únicamente en construir muros o canales aislados, sino en articular infraestructura de captación, conducción, derivación y protección para manejar los flujos de agua durante eventos extremos.
Por tanto, la culminación de determinados componentes no garantiza necesariamente que todo el sistema alcance su capacidad de protección prevista. Durante una inspección física realizada el 8 de septiembre de 2026, representantes de la Contraloría recorrieron distintos sectores del proyecto junto con personal de la ANIN.
El acta incorporada al informe, entre las páginas 44 y 51, permite identificar avances concretos, pero también actividades todavía en ejecución. En la quebrada San Carlos, por ejemplo, se verificaron diques transversales y una estructura de protección del río Moche cuyo tramo inspeccionado había sido reportado como culminado. En la conducción de la quebrada San Ildefonso se observaron obras de canalización, estructuras de cruce y puntos de entrega del agua.
No obstante, en el paquete 5 se registraron sectores donde continuaban trabajos de excavación, movimiento de tierras, colocación de material rocoso y otras actividades constructivas. La Contraloría también examinó información sobre las condiciones climáticas previstas para el periodo 2026-2027.
En su análisis incorporó comunicaciones y escenarios del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), que advertían sobre la probabilidad de condiciones cálidas y lluvias superiores a lo normal en determinados sectores de la costa peruana. El organismo fiscalizador relacionó esas previsiones con la necesidad de concluir oportunamente las intervenciones de protección.
El riesgo identificado no equivale a una predicción de inundación inevitable. Significa que, si se presentan precipitaciones intensas antes de que las estructuras necesarias estén operativas, podría reducirse la capacidad de respuesta del sistema proyectado.
La advertencia cobra especial importancia en Trujillo, donde las lluvias extremas y la activación de quebradas han demostrado que las deficiencias de infraestructura pueden tener consecuencias graves para viviendas, comercios, vías y servicios públicos.
¿QUIÉN DEBE RESPONDER POR LOS RETRASOS?
El informe identifica a la Autoridad Nacional de Infraestructura como entidad responsable de la ejecución del proyecto dentro del esquema contractual correspondiente. También describe la intervención de contratistas, supervisores y otros actores que participan en la ejecución y el seguimiento de las obras.
El documento señala que el proyecto se desarrolla bajo un contrato NEC3, opción F, modalidad que contempla mecanismos específicos de gestión, instrucciones, programación y resolución de controversias. Precisamente por esa estructura contractual, resulta necesario establecer qué decisiones dependían de la ANIN, cuáles correspondían a los contratistas y qué circunstancias motivaron las postergaciones.
La Contraloría no establece en este informe responsabilidades penales individuales ni acredita actos de corrupción. Su hallazgo es de carácter preventivo: identifica una situación que podría afectar la continuidad y los objetivos de la intervención. Sin embargo, ello no elimina la obligación de las autoridades de explicar públicamente las decisiones adoptadas, los plazos pendientes y las medidas para mitigar los riesgos.
En las conclusiones del informe, el órgano de control confirma la identificación de una situación adversa relacionada con la ejecución de las defensas ribereñas.
Entre sus recomendaciones figura comunicar los resultados al titular de la ANIN para que adopte las medidas preventivas y correctivas correspondientes. Asimismo, establece que la entidad debe informar a la Comisión de Control, dentro del plazo señalado, sobre las acciones adoptadas o previstas y remitir la documentación sustentatoria.
